Los escrúpulos de María Gargajo

Los escrúpulos de María Gargajo

En el momento en que el Congreso Nacional se apresta a constituirse en Asamblea Revisora, aparecen en la prensa nacional variopintos artículos de opinión, algunos de evidente factura perredeísta, apostando al descrédito e ilegitimar el proceso que se inició con la Consulta Popular para la Reforma Constitucional.

Con la realización de la consulta asistimos a una experiencia inédita de participación activa, organizada y consciente de los ciudadanos y sus organizaciones; sectores empresariales; profesionales, sindicales y campesinos; jóvenes; mujeres; discapacitados; iglesias, partidos políticos, y un largo etcétera. Nunca antes en nuestra historia republicana hubo ese nivel de participación plural y democrática para pensar colectivamente la nación política.

Por primera vez se quiebra el monopolio de la interpretación sobre un texto constitucional, históricamente pensado por una élite intelectual al servicio de los intereses del poder económico nacional y foráneo.

Los procesos sociales e institucionales que giraron en torno a las constituciones y las reformas que antecedieron la Consulta Popular no engendraron en sus momentos un “ambiente constitucional” que construyera una conciencia colectiva de la necesidad y la importancia de ejercer una ciudadanía responsable, condición indispensable para construir una democracia verdadera.

El hecho de que la consulta no era vinculante en lo jurídico, no quita que lo fuera en lo político, porque encarna el soporte sobre la cual se erige un pacto entre las fuerzas sociales y políticas que participaron en las discusiones. El argumento de que no todas las propuestas se integraron en el ante proyecto que finalmente envió el Ejecutivo al Congreso, olvida que también el PLD es un actor sujeto de derechos. Participó en la consulta popular en igualdad de condiciones con otros sectores, algunos de los cuales, una vez se conoció el ante proyecto, abrieron otro espacio de diálogo con el interés de amplificar el horizonte de la Asamblea Revisora para la discusión y aprobación final del texto.

Como lo veo, resulta mucho más fácil personalizar las críticas en la figura del Presidente y no en el líder del mayor partido político del país y las fuerzas que lo componen. Esas fuerzas sociales representadas en el PLD legitiman también el anteproyecto. Si partimos de la premisa de que el presidente Fernández es el único responsable del texto constitucional propuesto a la Asamblea Revisora, estaríamos asistiendo a un caso inaudito en nuestra historia de las ideas políticas: la de un hombre que se convierte en la referencia de sí mismo y determina el curso de un partido político y de la sociedad. El indiscutible peso específico de su liderazgo y la existencia de un régimen presidencialista, no lo colocan fuera de las múltiples determinaciones de lo social hasta el grado de determinar manejar a voluntad el curso de los acontecimientos históricos.

En el escenario de la discusión sobre la reforma a nuestra Carta Magna, algo muy diferente hizo el PRD.

Con un reduccionismo que colinda con la irresponsabilidad, su dirección olvidó a quienes representa y no participó en los debates.

No así sus militantes de base que, desoyendo esa orientación tan aviesa y fuera de lugar, asistieron a la consulta en su calidad de ciudadanos a través de la diversidad de mecanismos que en el mundo de la vida se articulan como comunidad de intereses territoriales clasistas y sectoriales.

En el momento actual el PRD olvida que traicionó a la nación cuando desoyendo a la sociedad (civil y política) ilusó una reforma constitucional tan ilegal como ilegítima, con el único propósito de posibilitar la reelección del presidente de turno. Y como en política la memoria corta suele ser fuente de irresponsabilidad, la dirección perredeísta intenta enmendar su pifia táctica, no con el ejercicio de la necesaria autocrítica y rectificación, sino creando un “ambiente anticonstitucional” que sustituya y mate el existente desde que se iniciaron los trabajos de la Consulta Popular. Para esa finalidad combina dos elementos fundamentales.

Por un lado, en el campo de batalla de las ideas, abre una camada para ilegitimar el proceso más democrático y plural, la única reflexión colectiva que en materia constitucional ha tenido la nación dominicana desde su nacimiento.

Y por el otro, aprovechándose del impacto negativo que la crisis económica y financiera internacional de seguro tendrá en el país, juega a la ingobernabilidad, pretendiendo sortear un escenario repentino de “movilización generalizada” en todo el país.

Para lo primero, se adscribe y hasta presenta como propias algunas reflexiones que desde la sociedad civil apuntan a posponer la discusión en la Asamblea Revisora.

También, pone a trabajar a sus operadores políticos en los medios de comunicación para engañar al país haciéndole creer que toda la riqueza y amplitud de los contenidos del ante proyecto se agota en el mecanismo institucional responsable de reformar la Constitución y el tema de la reelección presidencial.

Para lo segundo, como tampoco acudió a la cita de las fuerzas vivas de la nación para reflexionar democráticamente y en conjunto sobre la mejor manera de enfrentar las contingencias de la crisis económica y financiera en los países capitalistas centrales, intenta enmendar su ausentismo irresponsable con otra irresponsabilidad mayor: pretender reeditar un abril 84 a fuerza de puro voluntarismo. Todas esas artimañas tienen un solo propósito: hacerle pagar al país su incapacidad de generar un liderazgo alternativo después de la muerte de Peña Gómez.

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