Sembrado de obstáculos se presenta el camino hacia la meta de aplicar normas de manera generalizada a los extranjeros que continuamente logran quedarse a residir en República Dominicana sin llenar los requisitos que corresponde aplicarles en nombre del interés nacional, débilmente defendido desde dentro y fuertemente golpeado desde fuera.

El país tiene a su vera el territorio con menor disponibilidad de recursos naturales para subsistir, de mayor nivel de pobreza en América y el más escasamente regido por la ley y el orden; distanciado del nivel de desarrollo más o menos equilibrado o apropiado que se logra de este lado de la frontera. Ningún gran Estado del primer mundo mueve un dedo para sacar a Haití de su indigencia y ya la ONU desertó.

La tentación de cruzar hacia lo promisorio es irresistible para quienes comen precariamente o no lo hacen y tienen que huir de forajidos que con armas largas pueblan entornos y en sus riñas internas suelen causar numerosas bajas en un solo día. El país del que más son deportados los haitianos es el mismo que les pertenece.

Contra la posibilidad de lograr una reducción de ingresos irregulares de viajeros, sistemáticamente facilitados por un indestructible tráfico ilegal hacia República Dominicana, obran la ausencia local de restricciones y persecución a las contrataciones de mano de obra sin apego a reglas, vacío que ya tiene entregada a la nacionalidad vecina un sector clave de la economía como es la construcción y que avanza hacia una diversidad de faenas rurales y hasta urbanas más allá del corte de caña.

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Expulsados de Haití

Los factores económicos y demográficos de carácter calamitoso que estimulan la emigración hacia la porción oriental de la isla Hispaniola están señalados en un ensayo publicado por el Centro de Estudios Padre Alemán por los investigadores sociales Juan del Rosario Santana y Wagner Gomera.

Una radiografía que destaca «un descenso sistemático de la agricultura y la incapacidad de los demás sectores de la economía haitiana para absorber una mano de obra no especializada como factores expulsores de personas que generalmente llegan a Puerto Príncipe en busca de mejor suerte pero que al no encontrar empleos allí deben continuar su proceso migratorio». República Dominicana resulta, por mucho, el destino favorito.

Describen como generadora del éxodo: «la asimetría territorial, pues tenemos dos naciones que comparten una pequeña isla de 76,192 Km/2 pero una de ellas, la República Dominicana, ocupa el 64% del territorio y la otra, Haití, tan solo 36%».

Para otros analistas, la ingobernabilidad y el fracaso de las élites y gobernantes haitianos en colocar a su país en la senda del desarrollo pesa mucho más que la desproporción geográfica como causa efectiva de una invasión «pacífica» que ejerce presión lesiva sobre estructuras dominicanas, existiendo incompatibilidades culturales y unos antecedentes históricos conflictivos entre ambas naciones.

Belice, con menos extensión territorial (22,966 km/2) que Haití (27,750 km/2) y un bajísimo nivel de vida, manifiesta un correcto control de personas en tránsito y no experimenta una desbordada ni traumática emigración de sus pobladores; y Puerto Rico, también más pequeño que Haití (9,104 km/2) conserva una demografía estable después de su peor calamidad cuando en 2017 recibió una intensa embestida del huracán María que destruyó más de un tercio del país cuyos moradores viajan sin visa a EUA.

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Repelidos por los grandes

Otros Estados ricos y hasta metidos en problemas por la caída de los nacimientos necesarios para mantener una conveniente demografía propia, obstaculizan duramente la llegada de forasteros. España mantiene muy fortificada la frontera de su territorio que en África colinda con Marruecos en cuya línea divisoria acaba de ocurrir uno de los episodios más cruentos en la historia de esa interacción de países desiguales.

Al menos 23 emigrantes, de unos dos mil nativos subsarianos que al mismo tiempo trataron de entrar a cualquier precio a la ciudad española de Melilla perdieron la vida reprendidos en su propósito de atravesar la fortificada estructura de separación.

La búsqueda anhelante de introducirse en un país desarrollado de la próspera Europa fue descrito por el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, como «un violento asalto contra la integridad territorial». En labios de algún jerarca dominicano, tales palabras hubieran hecho sonar las sirenas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados.

Para el gobierno de Estados Unidos, los movimientos migratorios que se producen desde México son acciones perjudiciales para la economía y bienestar de los norteamericanos, y el categórico predicamento de Washington hasta el sol de hoy es el de que su frontera «no está abierta», una posición razonable desde su punto de vista en defensa del orden social y económico al norte del río Bravo que en influyentes medios internacionales hace brotar discursos en contra cuando la asume República Dominicana.

La Organización Internacional para las Migraciones informó poco después de ocurrir, que en los dos primeros meses de este año Estados Unidos retornó hacia Centroamérica a 14,481 ciudadanos de esos países capturados al entrar por la frontera sur. Las deportaciones desde Norteamérica aumentaron en ese lapso un 451% sin que se pretendiera por eso generar una fuerte corriente de opinión en contra de la falta de hospitalidad de la primera potencia mundial.