El Gobierno incurriría en un abuso de poder si se vale de su mayoría mecánica en el Congreso para utilizar los fondos de pensiones, que al 30 de junio de este año ascendían a 107 mil millones de pesos, en proyectos habitacionales para dinamizar la economía.

Que los recursos no serán administrados por el Gobierno sino por una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) no es ni por asomo una carta de garantía. Si bien el proyecto se barajaba desde hace tiempo, todo indica que el déficit fiscal que se arrastra como resultado del despilfarro en que se incurrió durante el proceso electoral aceleró una iniciativa que tiene claros matices políticos.

En los países en donde las leyes se cumplen y las mentiras son suficientes para procesar funcionarios, por más encumbrados que estén, el proyecto para usar los fondos de pensiones es una pieza jurídicamente bien concebida. Pero resulta que en República Dominicana la Constitución y las leyes se violan olímpicamente, sin que nadie pague por las infracciones.

¿O acaso no se ejecuta un presupuesto que según el propio Ministro de Hacienda viola 24 leyes?

Y a propósito no está demás señalar que el proyecto del Poder Ejecutivo para indexar los precios de los carburantes es resultado precisamente de la violación de la Ley de Hidrocarburos, que contempla una revisión trimestral pero que, por razones políticas, el Gobierno la interrumpió desde el año 2007 hasta la fecha. ¿Qué garantías hay entonces de que las autoridades expertas en mentir manipular a la población, respetarán las figuras que proponen para que los fondos de pensiones sean utilizados en programas habitacionales para motorizar la economía?

Si se consultara a los dueños del dinero de segura que se opondrán, con todo y que se les garantice la más absoluta seguridad, a que se utilicen sus ahorros en ningún proyecto auspiciado por el Gobierno. La razón principal, es la desconfianza.