Desde que en el mes de abril de este año inició la Asamblea Revisora de la Constitución, hasta la anunciada proclamación de la “nueva”, el próximo 6 de noviembre, habrán transcurrido unos siete meses. ¿Qué habremos ganado y aprendido con el proceso y lo  consagrado en la Carta Sustantiva de la Nación? Por su extensión nos quedaremos sólo con algunos bonos.

Ganamos la reelección presidencial, con la excusa de un período por el medio, pero reelección indefinida, a final de cuentas.

Ganamos la permanencia de los legisladores por un período de 6 años, con el pretexto de la unificación de las elecciones.

Ganamos con esta unificación de las elecciones el arrastre que provoca la figura presidencial y eso nos evita, en gran medida, las molestias de elegir a nuestros representantes provinciales y municipales. 

Ganamos a un ministerio público dependiente del poder político de turno, con lo que se evitan los inconvenientes de tener a investigadores y acusadores independientes, imparciales y objetivos.

Ganamos a los católicos y cristianos en general unificados alrededor de una gran idea: el respeto al derecho a la vida desde la concepción, aún a costa de la vida y la salud física, mental de la madre y de que haya sido producto de una relación criminal. 

Ganamos, como consecuencia de lo anterior, a legisladores bendecidos y beneficiarios de indulgencias plenarias.

Aprendimos que es mejor castrar a los partidos políticos y que estos son solo instrumentos de los líderes que, en democracia, deciden autoritariamente lo que les conviene a ellos personalmente.

Aprendimos, lo que ya sabíamos, que la Cámara de Cuentas no es de cuentos, sino que más que un órgano de control es un órgano controlado, por los propios y potenciales auditados.

Aprendimos que no sólo son derechos adquiridos los que antes la ley no le daba a los entes privados, sino también el derecho a la impunidad y la tolerancia con la corrupción.

Aprendimos, a propósito de lo anterior, que tendremos que volver a estudiar al revés, para poder desaprender, la segunda parte del artículo 47 de la Constitución de la República que consagra que “En ningún caso la ley o poder público alguno podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”.

Aprendimos que el tener derecho a una administración pública honesta y transparente es también una amenaza para los derechos adquiridos de malversación, dilapidación y apropiación indebida de los fondos públicos y que constituye una afrenta para los derechos que tienen los políticos que administran la cosa pública de mantener la administración pública en la oscuridad.

Aprendimos que hay bienes del dominio público que, aún cuando sean derechos adquiridos de la ciudadanía, pueden ser privados por derechos adquiridos inexistentes de particulares.

Aprendimos que, con tal de garantizar permanencia, los incumbentes presentes y potenciales de los tres poderes del Estado incluidos, es legítimo negociar con la democracia.

Aprendimos que la democracia se reduce al derecho a elegir cada 4 años –y ahora hasta cada 6 años a quienes serán nuestros representantes.

Aprendimos que aquí solo existe el Estado y que la sociedad civil –todos los que no tienen un cargo en el Estado- somos unos parias, buenos para dejarnos conducir como borregos a unas votaciones formalmente democráticas, pero mediatizadas por los más diversos métodos anti democráticos.

Aprendimos de manera definitiva la lección que nos dio en ocasión del caso Sun Land la Suprema Corte de Justicia que los ciudadanos no tenemos derecho más que a delegar todo en manos de nuestros representantes.

Aprendimos que parte interesada, cuando están en juego los derechos de todos y todas en este país, es solo quien detenta el poder que le ha sido delegado.

Aprendimos que parte interesada puede ser cualquier ciudadano o entidad cuando, pero solo cuando están en juego los cargos judiciales de quienes deciden la suerte de un recurso de inconstitucionalidad.

Aprendimos que parte interesada no puede ser un partido político ni una entidad de la sociedad civil, ni cualquier ciudadano, cuando lo que está en juego es el cuestionamiento de los actos de los que ejercen el poder público por delegación.

Aprendimos que una Constitución debe ser un listado extensísimo de todo, incluidas las decisiones que deben ser adoptadas por los gobernantes en el ejercicio de sus mandatos.

Aprendimos que reformar ya no es sinónimo de rectificar, de mejorar  o de renovar, sino de conservar e incluso de volver a la pre modernidad, en una palabra a la razón de la sinrazón, a la vuelta al pasado autoritario. ¡Cuánto hemos aprendido! ¡Cuánto hemos avanzado… hacia atrás! La enseñanza no pudo ser mejor: Somos meros instrumentos de una clase política que tiene una concepción bien clara: Las ideas, el pensamiento y las decisiones, y toda la razón es propiedad de quienes ejercen el poder.