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La celebración de comicios exclusivamente municipales el 16 de febrero, estuvo precedida de reformas tímidas de la Constitución, las leyes y normativas electorales, pero que abren el camino a una nueva era de ese régimen de administración local.
Los municipios son el origen histórico del Estado en el mundo y el país. En República Dominicana la dictadura de Santana redujo la importancia de éstos, que ya habían sometido durante la dominación haitiana por su militarización.
La palabra“síndico”, indica ser un simple ejecutor, como hasta el final de la Era de Trujillo. En democracia deben ser alcaldes para los municipios plenos, con mayor jerarquía política.
Los liderazgos políticos y la democracia duradera comienzan en los municipios, para ello se debe ampliar su base institucional, dotarlos de mayores recursos, atribuciones y responsabilidades para contribuir al bienestar de la ciudadanía, con real autonomía respecto al Poder Ejecutivo, cuyas diferencias eventuales deberían dilucidarse en la justicia, para lo que debe aprobarse un Código Municipal que sistematice y complete la legislación al respecto, porque éstos son los que permiten a los ciudadanos resolver los problemas de su vida cotidiana.
Eso lo comprendió Juan Pablo Duarte hace cerca de doscientos años, a su paso por Barcelona, por lo que incluyó en su proyecto de Constitución al poder municipal y la convocatoria a la primera Asamblea Constituyente fue con representantes municipales.
En cada sector barrial debe existir un centro comunitario, donde haya una dirección no partidaria de profesionales, técnicos y líderes comunitarios, para desarrollar iniciativas que generen empleo, orden y progreso; con centros de cómputos, deportes y atención primaria en salud física y psicológica, así como relaciones con una policía preventiva.
Los municipios tienen sus propios intereses y liderazgos, que no deben interferir con los nacionales, por lo cual sus elecciones no deben ser de arrastre y organizarse a mitad del período de las nacionales.
A diferencia de los países federales o los grandes territorios, en un pequeño estado unitario, integrado cultural y étnicamente como el nuestro, no tiene razón de ser un gobierno intermedio entre el gobierno central y los de los municipios, porque equivaldría a complicar y burocratizar nuestro sistema político.
El gobierno nacional debe tener regiones y provincias como órganos de desconcentración, para que realicen las obras y programas de interés general en las provincias y regiones del país, de acuerdo a sus características, como representantes del Poder Ejecutivo, pero en estrecha coordinación con los ayuntamientos.
En los municipios debe darse también la desconcentración, con los distritos municipales, en los casos de Santo Domingo y Santiago en distritos metropolitanos no autónomos, para administrar sus grandes sectores, de acuerdo a sus características. En todas las ciudades debe haber delegaciones, en donde sus asambleas ciudadanas aprueben sus presupuestos participativos, obligatorios con 50% de lo que debe dedicarse a la inversión pública.