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Los actuales distritos municipales, que suman ya 235, hay que someterlos a una depuración. Una parte de ellos deben ser convertidos en municipios plenos, y los otros, que no llenen todavía las condiciones de población y desarrollo económico y humano para ello, que se mantengan como tales con una subvención para cubrir sus necesidades de aseo, recreación y reparaciones, hasta que puedan alcanzar el otro nivel, pero manteniendo sus síndicos su representación en el Concejo correspondiente.
Se debe impedir que los ayuntamientos incurran en deudas que no puedan pagar en el período para el que fueron electas sus autoridades; a menos que las aprueben el Congreso Nacional, para así evitar que dejen en quiebra a las próximas autoridades.
En el período 2000-2004 las asignaciones presupuestarias fueron aumentadas del 2% a por encima del 8% de los ingresos nacionales, y al 10% a partir del 2005. Pero, en el período subsiguiente 2004-2008 se aprobó una nueva ley municipal que permitió en la práctica la casi total discrecionalidad en el gasto municipal de los Síndicos, ahora Alcaldes, en los municipios y distritos municipales; que hacen ahora en su conjunto 393 municipalidades. Los gobiernos del PLD han reducido progresivamente su participación en el presupuesto de la nación hasta cerca del 2% de los ingresos nacionales corrientes.
La Liga Municipal Dominicana debiera jugar un papel clave en la supervisión financiera de los cabildos, la profesionalización de la administración municipal y la planificación urbana municipal desde sus inicios, para evitar que sus problemas se hagan más graves, por la improvisación y el crecimiento desordenado; regionalizando ese trabajo profesional.
Los distritos municipales, algunos de los cuales no pasan de ser aldeas, requieren apoyo e inversiones solidarias para que puedan superar la miseria y la desesperanza de sus pobladores.
Se debe así mismo establecer por Ley una plantilla con los topes de remuneraciones y compensaciones que podrán recibir sus ejecutivos, los regidores y vocales municipales, así como los funcionarios de organismos descentralizados, para evitar los abusos; teniendo en cuenta el costo de la vida, el tamaño y la población de sus territorios. De la misma manera, las municipalidades deben, al igual que el Poder Ejecutivo y sus dependencias, ser objeto de supervisión efectiva por parte de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República.
Anteriormente los regidores tenían cargos honoríficos, aunque su calidad humana y profesional era muchas veces superior, influyentes y elitistas. Ahora que son rentables deben ser avalados por el voto de su comunidad como lo serán a partir de estas elecciones. En los grandes municipios como el Distrito Nacional esa elección debe hacerse en circunscripciones más pequeñas para que puedan representar sus diferentes sectores o áreas sociales territoriales que expresen su diversidad.
Estas son algunas de las pautas que pueden permitir que haya gobiernos locales eficientes y que permitan el mejoramiento sustancial de las condiciones de vida de los dominicanos.