BIENVENIDO ÁLVAREZ-VEGA
La salud ha sido, tradicionalmente, un ámbito donde el Estado dominicano ha fallado. El acceso a la salud es un derecho consignado en la Constitución de la República, pero esto de poco ha importado. La consecuencia de este hecho están ahí, a la vista de todo el mundo: la República Dominicana figura entre los países de la región latinoamericana de menor gasto en salud, muy por debajo del promedio de la región, con indicadores pobrísimos.

Pero quien no quiera contentarse con esa afirmación, presente en todos los estudios que se hacen sobre el tema, particularmente en los de organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina, dependencia de las Naciones Unidas, que lea los periódicos, que vea la televisión o que escuche la radio.

En efecto, las quejas son diarias, sobre todo de los sectores que acuden a los hospitales públicos, los más pobres y una clase media baja que hace malabares para no resbalar y caer en los niveles inferiores de la estratificación social.

Los medios de comunicación nos ilustran con harta frecuencia acerca de las quejas ciudadanas por la falta de camas en los hospitales, por la falta de medicamentos, por las emergencias mal servidas, por el mal estado en que se encuentran los edificios de los  principales hospitales públicos, porque no hay ambulancias suficientes, por el ausentismo médico y por el trato que el personal médico ofrece a los usuarios del subsistema público de salud.

Los medios también se hacen eco de las quejas y demandas de los médicos, de las enfermeras, de los bioanalistas, de los odontólogos y de las farmacéuticas, siempre respaldados por sus respectivos gremios. Estos reclaman mejores salarios o, para mejor decir, salarios decentes, condiciones adecuadas para ofrecer servicios y atenciones dignas a sus pacientes, más personal, equipos suficientes para ofrecer atención adecuada, bibliotecas, seguridad en el empleo y una zonificación del trabajo.   

Es obvio que casi todos los gobiernos posteriores al ajusticiamiento del tirano Trujillo han manejado la atención médica de la población como una cuestión marginal, ni siquiera secundaria. El único hecho sobresaliente ha sido la construcción de locales y edificios para clínicas, policlínicas y hospitales. Nada más.  Pareciera que para los gobiernos  un servicio de salud adecuado solo necesita de locales más o menos seguros.

Debe apuntarse, además, que la mayoría de las inversiones públicas en salud que se han hecho en estos 45 años sido financiadas por organismos internacionales como el BID y el Banco Mundial. Además, los principales programas de vacunación han sido apoyados con fondos de la Agencia Internacional de Desarrollo, del gobierno de los Estados Unidos.

Este es un  hecho que debe avergonzar a los dominicanos. Es, además, una expresión de infuncionalidad del gobierno y una ausencia notable del Estado, ausencia que nos acerca al calificativo de Estado débil o Estado cuasi fallido que tanto griterío provoca y que a tantas epidermis ofende.

¿Qué ha pasado, entonces, como consecuencia de esta desatención a la salud de la población?

Sabe el lector, perfectamente, que a inicios del siglo XXI la sociedad dominicana tiene grandes rezagos en la salud infantil y en la salud materna, y a diario tiene que bregar con enfermedades propias de sociedades muy empobrecidas, como la diarrea, la anemia, la malnutrición, los problemas respiratorios, la tuberculosis y la malaria.

Pero sobre todo, hay un servicio de salud pública  plagado de deficiencias e ineficiencias, desordenado y con una estructura organizativa que lo hace de difícil gestión. En consecuencia, la salud se ha convertido en una gran carga económica para las familias y para el aparato productivo de la nación, pues unas y otro han tenido que financiar un subsistema privado caro y con deficiencias parecidas a los hospitales públicos.

 Y para insistir en su irresponsabilidad frente a unos ciudadanos y ciudadanas que pagan sus impuestos y esperan recibir protección estatal, ahora el gobierno se ha empeñado en poner en marcha un programa de asistencia en salud que, de hecho, privatiza la atención médica en un 100%.

En conclusión, los gobiernos dominicanos y sus administradores, los políticos que los han dirigido, son los responsables del deterioro del servicio de salud en la República Dominicana. Ellos han negado a la ciudadanía un derecho constitucional y han rehusado, de manera persistente, aportar los recursos que demanda y necesita el sector salud.

bavegado@yahoo.com