Ninguna de las tres principales fuerzas políticas remitieron propuestas o enmiendas al proyecto de Ley de Partidos Políticos dentro de un plazo otorgado por la comisión bicameral que estudia la controvertida iniciativa y que culminó el 30 de agosto pasado.

Esta posición de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC) se ha interpretado como una oposición velada o desinterés manifiesto sobre los controles que establecería esa ley. En declaraciones recientes, la presidenta de la comisión, diputada Karen Ricardo, reveló que los tres grandes partidos se han aislado del estudio del proyecto de ley.

Tránsfugas.  El proyecto establece una serie de controles, entre los que sobresalen el manejo de recursos del Estado y del sector privado, así como la prohibición del «transfuguismo». Según los entendidos, los partidos grandes estarían más interesados en mantener sin cambios la  Ley Electoral y demás normas que los rigen.

Es vieja. El proyecto se conoce desde hace varios años en el Congreso, donde se cae y es reintroducido sin consecuencia alguna.

La última versión, que prohíbe el uso de recursos del Estado en la campaña proselitista, así como la compra y venta de “tránsfugas”, es original de la Junta Central Electoral (JCE).

Los seguidores del acontecer congresual expresan que el PLD, el PRD y el PRSC, que controlan el Congreso, tienen en sus manos la suerte de esta iniciativa que muchos ven como un refuerzo democrático.

El manejo a distancia o de manera desinteresada del proyecto por parte de los citados tres partidos, por muy evidente, comienza a ser interpretado como una negativa a los controles estrictos que el proyecto establece.

Los emergentes. Los partidos emergentes remitieron  sus propuestas a los comisionados, sobre todo  en lo que respecta a la distribución de recursos públicos, de los que, según entienden, al PLD, al PRD y al PRSC se les sirve «con la cuchara grande».

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Minoritarios

A través de sus propuestas de enmiendas al proyecto, las organizaciones políticas emergentes  procuran, además de una mejor distribución de los recursos que otorga el Estado para el proselitismo,  más equidad en la proporción de votos válidos para las diferentes candidaturas, lo que permitiría, sostienen, una mayor representación de las minorías tanto en el Congreso Nacional como en los ayuntamientos.