Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació, si no tiene derecho a otra”, reza textualmente el articulo 20.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La interpretación del referido tratado internacional, del cual es signataria la República Dominicana, es clara y única: los haitianos ilegales nacidos en territorio dominicano son, ante todo y por encima de todo, ciudadanos haitianos. No son apátridas, pues están taxativamente protegidos por el Estado haitiano cuando nacen fuera de su frontera, estatus que debe registrarse en los consulados haitianos acreditados en el exterior, incluida la República Dominicana, un trámite que la abrumadora mayoría de los haitianos no realiza, quién sabe si por ignorancia, desidia o apatía, o quizás por entender que la isla Hispaniola es única e indivisible.

Pero la Declaración de los Derechos Humanos, relativa a aquellas personas que no son nacionales del país que habitan, aprobada por la ONU en 1985, es especifica cuando advierte: “Ninguna disposición de la presente Declaración se interpretará en el sentido de legitimar la entrada ni la presencia ilegal de un extranjero de cualquier Estado. Tampoco se interpretará en el sentido de limitar el derecho de cualquier Estado a promulgar leyes y reglamentaciones relativas a la entrada de extranjeros y al plazo y las condiciones de su estancia en él, o a establecer diferencias entre nacionales y extranjeros”.

Sobre esos principios se apoya la sentencia del Tribunal Constitucional, en razón de que las disposiciones de marras no restringen el derecho soberano del Estado Dominicano a establecer diferencias entre dominicanos y haitianos.

Sus detractores, locales y foráneos, empezando por el novelista Mario Vargas Llosa, parece que desconocen los contenidos de tales resoluciones. Lo peor es que las citan frecuentemente.