No pasa un día sin que la ciudadanía sea informada de la participación cruenta de algún inmigrante haitiano en hechos de violencia; en forma de riña sangrienta u homicidio para sustracción de bienes. Dos de ellos son buscados en estos momentos por un horrendo crimen en Casa de Campo, considerado como un lugar particularmente seguro. Meses atrás, se produjo una ola de violentas y mortales represalias contra haitianos inocentes, condenable reacción indiscriminada por la supuesta participación de compatriotas suyos en acciones contra la sociedad.

El protagonismo delincuencial de haitianos -que aun pareciendo frecuente resulta la obra de una minoría- tiene un específico y deplorable marco causal que es el de la tolerancia de la presencia de inmigrantes en condición de ilegales a lo largo de todo el territorio nacional, reflejo de la falsedad de lo que llaman frontera. No hay barrera que libre al país de la presencia irregular y masiva de extranjeros, sin control de identidad ni de antecedentes. En el caso de los haitianos, ellos representan el 90% de la mano de obra solo en la Construcción y en muchos campos son tan numerosos como los dominicanos. Los efectos que traerá a esta sociedad el libre ingreso y permanencia de inmigrantes serán cada vez mayores porque el gobierno no dota al país siquiera de un reglamento para aplicar la nueva ley de Inmigración.

Ley, tránsito y la falta de castigo

La señora Sandra Acta, madre del estudiante de arquitectura Johan Enrique Pou Acta, que murió en el año 2003 chocado por un conductor ebrio que corría a exceso de velocidad, nunca dejó de clamar por justicia para que el causante de la tragedia fuera a la cárcel. Y en efecto fue condenado a dos años de prisión, aunque logró eludir la persecución y radicarse en Miami. Recientemente se obtuvo su extradición para lo cual se requirió del mucho empeño de la progenitora, de la Justicia Dominicana y de autoridades norteamericanas.

Esto marca un hito en un país de sálvese quien pueda en materia de tragedias vehiculares. En un país en el que rara vez se castiga la conducta irresponsable al conducir aun cuando en buena ley la violación consciente de normas y la temeridad deben ser considerados actos criminales y resultar condenados cada vez que ocurran para que transitar pacíficamente por la vía pública sea cada vez más seguro para el ciudadano.