Los hechos de violencia criminal y delictiva que se suceden con una frecuencia cada vez mayor son un factor de perturbación e inquietud en el país y afectan principalmente a las personas y familias que observan buen comportamiento cívico y actitudes de tolerancia, comprensión y solidaridad hacia sus coterráneos de diferentes estratos de la población.
Los ciudadanos conscientes observan con notoria angustia y frustración la secuencia de sucesos de sangre en sus distintas modalidades que tocan de forma desgarradora muchos hogares y que tienen en la espiral de feminicidios la nota más penosa en la violencia intrafamiliar.
En medio de este panorama, se produce de manera gradual, pero no por ello menos preocupante, un fenómeno digno de ser estudiado y combatido porque la violencia es ya un elemento tan cotidiano en sus diversas manifestaciones, que en alguna medida se está perdiendo la capacidad de asombro y reacción.
Solo cuando se producen casos de gran dramatismo y espeluznante monstruosidad como el asesinato de la joven embarazada Emely Peguero y del catedrático universitario Yuniol Ramírez, la sociedad, medios, periodistas y comentaristas mantienen voces de enérgica indignación, en reclamo de justicia y subrayan la necesidad de que las autoridades y la ciudadanía en general adviertan la magnitud y gravedad de la situación que padecemos.
Por más cuidado y medidas de protección que se adopten en las calles y hasta en los propios hogares, nadie está exento de la posibilidad de ser víctima de un hecho de violencia, que puede ser desde un raterismo hasta una acción a mano armada que les cuesta la vida a personas pacíficas, ajenas por completo a conflictos sociales.
Dentro de este desolador cuadro, en modo alguno podemos consolarnos con estadísticas según las cuales aun tenemos índices de violencia por debajo de otras naciones, mientras algunos entienden que referirse al tema produce opiniones alarmistas que de ninguna manera contribuyen a contrarrestar nuestros males sociales.
Sin embargo, hay que evitar solo quedarnos en un inamovible e inútil plano de quejas y lamentos. Se necesita concertar acciones, dejar de lado el particularismo, la indiferencia y articular planes para despertar la conciencia ciudadana, en el entendido que una sociedad violenta es un peligro para todos sin excepción alguna.
En los reclamos populares, independientemente de su justificación y justeza, sobre todo cuando tocan puntos tan vitales como el deterioro de la calidad de vida por el alto costo de productos y servicios básicos, es notoria la existencia de ánimos exaltados que aprovechan algunos para realizar desórdenes y cometer actos vandálicos.
El derecho a la protesta, garantizado por la Constitución y las leyes dentro de democracia y un estado de derecho, tiene que ser respetado y las autoridades deben actuar con mucho tacto para evitar que sus acciones encaminadas a garantizar el orden y la paz ciudadana puedan degenerar en injustificables excesos.
Como es comprensible, cada sector profesional o laboral tiene sus propios intereses y puede ejercer la defensa de los mismos, pero siempre sobre la base de que no puede afectar el interés general, guiándose de ese modo por el paradigmático principio de que el respeto al derecho ajeno es la paz, como proclamara con tanto acierto Benito Juárez, el Benemérito de las Américas.
Como hemos visto en estos días, aun en sitios tranquilos donde la gente asiste para comer y compartir, por una simple circunstancia se arma un sangriento tiroteo. Las personas tienen derecho al esparcimiento y no pueden aislarse. El equilibrio y la prudencia tienen que ser cultivados como aspectos esenciales. Hay demasiada gente armada que carece del debido dominio emocional, ya que por cualquier simpleza dispara y su desenfreno provocar irreparables desgracias. Se impone, pues, una campaña permanente para fomentar una actuación responsable en favor de la vida y de los valores humanos.