¡Los inalcanzables!

¡Los inalcanzables!

Guido Gómez Mazara

Cuando el coronel Guarién Cabrera asesinó el 11 de abril de 1971 a dos ciudadanos en el restaurante La Posada, la sociedad entendía que un hecho deleznable y criminal provocaría consecuencias penales. Irónicamente, dos años más tarde era ascendido a general de brigada.

La nefasta experiencia de Moncho Henríquez en el Servicio Secreto (SS) sirvió de “escuela de entrenamiento” de los excesos y violaciones de derechos humanos inimaginables. Por eso, cuando Fausto Céspedes (Deivi) se le imputó la responsabilidad de asesinar al desalmado personaje, muchos entendían que estaba pagando de la misma manera en que ejerció su condición de policía represivo.

Podría dejarse en el lamentable olvido, pero el teniente Fernando de los Santos (La Soga) azotó todo el Cibao, ya que le computaron casi 30 asesinatos. Así, cuando los actores Manny Pérez y Denise Quiñones hicieron materia del cine sus travesuras criminales, estaban dando una señal de alarma a la red de complicidades que permitieron sus actos de gatillero reconocido.

Post dictadura se instauró en el país un extraño convencimiento de que el aparato represivo institucional, es decir, las herramientas de persecución adheridas a la Justicia no poseían la entereza para alcanzar a franjas que, respaldadas por el poder político, no temían a las consecuencias jurídicas y respectivas sanciones.

Gregorio García Castro, Orlando Martínez, Guido Gil Díaz, Otto Morales y el ejército de jóvenes asesinados durante el periodo 1966-78, encontraron en la luz verde a sectores incontrolables la raíz de su desgracia.

Después de los 80, los avances democráticos e institucionales transfirieron a otra jurisdicción la noción de inalcanzables frente a la ley debido a que, en la medida que la administración formal de la Justicia se mantenía bajo el control de los partidos, los privilegios y protección se ejercerían en un nuevo escenario.

Aunque aplaudo las distancias y metas alcanzadas, reconozco los rasgos, rastros y mentalidades que no se acomodan a una realidad institucional con deseos de administrar justicia para todos.

Y aquí, una parte amplísima de los administradores de los procesos legales conocen cabalmente de aproximaciones, insinuaciones y presión, provenientes de sectores incapaces de admitir la condición de iguales al resto.

Inclusive, casos que terminaron enviando a la cárcel a ciudadanos que se presumen intocables, necesitaron del auxilio y amparo de instancias transnacionales, profundamente impactadas por los niveles de lenidad de la autoridad local.

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