La gran mayoría  de los  organizadores de  viajes clandestinos hacia Puerto Rico opera   desde  áreas del litoral dominicano claramente establecidas. Desde esos lugares  del Este del país -supuestamente bajo control de las autoridades- se hacen a la mar con suicida temeridad unos tales “capitanes” que abarrotan  sus frágiles embarcaciones de gente ansiosa de llegar a “mejores horizontes”; hijos de esta patria  que  no prevén los peligros que entrañan las expediciones acometidas sin medios para sobrevivir ni pedir ayuda en caso de naufragio. Los individuos que reclutan a emigrantes en potencia, cobrándoles  fuertes sumas de dinero, son auténticos criminales que en la mayoría de los casos se siguen saliendo con la suya.

El último episodio, con  balance de más de una decena de ahogados y un sinnúmero de desaparecidos, acaba de ocurrir en la bahía de Samaná, a la que  fue a parar una de esas embarcaciones que evidentemente  había quedado al garete. Es bueno  resaltar que los traficantes se comportan como verdaderos lobos de mar, que logran sobrevivir mientras muchos de sus clientes mueren. Es lamentable que se insista en recurrir a la migración ilegal hacia países que padecen los crudos efectos de una crisis global de la economía, con creciente desempleo y embestidas de las autoridades contra la presencia de extranjeros, lo que incluso ya motiva una migración de regreso hacia los lugares de origen.

Sin protección contra el fraude

Las amas  de casa de   niveles medio y bajo  no tienen forma  expedita para  comprobar que los expendedores de gas propano les    despachan efectivamente la cantidad del combustible  que pagan. Es un mercadeo a ciegas. Los huevos y plátanos que  compran pueden ser contados. Pero la verificación  del contenido de cilindros no está al alcance de la gente común. El engaño solo sale a la luz  cuando las autoridades hacen inspecciones  de manera limitada,  pues no hay personal ni instrumentos suficientes para una continua supervisión. Esas autoridades dan por seguro  que el engaño  es cosa común en diversos expendios. La Cámara de Diputados tiene en sus manos un proyecto  para establecer sanciones, lo que podría ayudar a combatir este delito. Asombra que el país carezca todavía  de un mecanismo  para aplicar sanciones condignas a estafadores del gas al detalle que en cada redada quedan  en evidencia sin que eso sirva para  mucho.