LIMA. AFP. Los pueblos indígenas son considerados como la vanguardia en la defensa del medio ambiente en casi todo el mundo, y en especial en América Latina, donde esa lucha está vinculada a la defensa de sus territorios, explicaron analistas a la AFP.

La sensibilidad de los indígenas por los temas ecológicos los ha hecho protagonistas y referentes obligados de toda historia donde esté bajo amenaza la conservación de bosques, agua y tierras en zonas rurales.

«Los pueblos indígenas son los más sensibles a los temas ambientales no sólo en América Latina sino a nivel planetario básicamente porque están ubicados en las zonas más afectadas por el cambio climático, como las zonas tropicales», afirmó a la AFP el consultor internacional y exviceministro peruano del Ambiente, Hugo Cabieses.

El compromiso indígena con la conservación «tiene una relación directa con el problema: ellos sienten mucho más el impacto de la contaminación porque se ven forzados a desplazamientos o cambios de estilo de vida», indicó a la AFP Jorge Caillaux, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, ONG de referencia en Perú.

La relación directa con los bosques y los espacios naturales traza la línea divisoria entre los indígenas y quienes viven en zonas urbanas, donde la fragilidad del ecosistema no se percibe con la misma intensidad.

«Salvo casos extremos como contaminación del aire o acumulación de basura, ese tipo de problemas no pasa en las ciudades», acotó Caillaux.

Derechos de propiedad. La batalla indígena por el medio ambiente pasa inexorablemente por la titulación de sus tierras.

«La gran demanda de la lucha indígena es por sus derechos de propiedad. Si fuesen reconocidos, su relación con los Estados y las empresas cambiaría. Tendrían una mejor arma para negociar y establecer alianzas», admite Caillaux.

No es casual que indígenas amazónicos peruanos aprovechen la Conferencia de Cambio Climático (COP20) que se instalará el lunes en Lima para reclamar la titulación de 20 millones de hectáreas como forma de frenar la deforestación por tala y minería ilegal.

Según el líder nativo Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de la selva peruana (AIDESEP), 1.160 comunidades nativas reclaman los títulos de propiedad sobre el territorio en el que están asentados en la Amazonía.

«No reciben nada a cambio, es gente que siente cómo invaden sus tierras históricas. Por eso odian a las petroleras. La empresa petrolera es el demonio de los pueblos indígenas porque llega, extrae, contamina y tiene poca capacidad de integrarse a la zona», resalta el presidente de la SPDA.

«La Amazonía es la más afectada por el cambio climático. Se erradican tierras de bosques y se convierten en madereras ilegales o en minería ilegal. Esas son las mayores amenazas para la selva», abundó Pizango.

Según el consultor Hugo Cabieses, «se aprecia que la deforestación se da en los territorios que no son titulados a favor de los pueblos indígenas. La conclusión es que son esos pueblos los que mejor protegen los bosques».

Mineras, madereras, petroleras, hidroeléctricas. En Perú uno de los casos emblemáticos de defensa ambiental estalló en 2011 en Cajamarca (norte), donde las poblaciones nativas se oponen desde entonces a los planes de la gigante multinacional minera Newmont de reemplazar cuatro lagunas de agua natural por reservorios artificiales.

En septiembre el asesinato de cuatro dirigentes ambientalistas de la etnia ashaninka, entre ellos Edwin Chota, a manos de taladores ilegales de madera en la localidad amazónica de Saweto, puso en jaque a las autoridades peruanas y fue un llamado de alerta sobre la deforestación.

En Panamá, grupos indígenas Ngöbe-Buglé mantienen una lucha contra la construcción de una hidroeléctrica por parte de la empresa hondureña Genisa en su territorio, en la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica.

Estos indígenas han protagonizado movimientos de resistencia pacífica, acampando en condiciones paupérrimas a la orilla del Tabasará y en 2012 realizaron fuertes protestas con bloqueos en la carretera interamericana, que dejaron al menos dos muertos y decenas de heridos.

En Ecuador indígenas amazónicos iniciaron hace 21 años una lucha jurídica sin precedentes contra Texaco. La petrolera, que fue adquirida por Chevron en 2001, es acusada de provocar un severo daño ambiental en la zona donde operó entre 1964 y 1990.

Según los indígenas, Texaco contaminó fuentes de agua y afectó el entorno y la salud de los pobladores amazónicos. En 2013 Chevron fue condenada a pagar 9.500 millones de dólares por la justicia ecuatoriana. La multinacional impugnó el fallo en cortes internacionales.