Ningún estatus incluyente como ciudadano, jurídicamente hablando, posee el individuo que habita la República si no fue inscrito en los registros de nacimientos; pero condenar a cientos de miles de niños sin papeles a los que corresponde la escolaridad a no obtener el pan de la enseñanza sería una crueldad institucionalizada y destructiva de futuros. ¡Bien por el sistema en aceptarlos! en un país poblado de negocios generadores de ingresos y empleos que por su informalidad solo existen en los hechos y no en las cuentas nacionales ni en la aplicación de la ley aun siendo reales.
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Si se va a negar verdad a los escapados de los conteos que el Estado debe certificar habría que dar por inexistentes a medio millón de inmigrantes haitianos sin visas ni autorización local que por insegura proyección de estadígrafos estarían hollando la tierra criolla, poco más o menos. Y las miles de criaturas de permanentes alumbramientos en maternidades por mujeres extra nacionales no son ni están aunque luego coman y respiren en guetos que no aparecen en el mapa oficial.
Se da por seguro por el cálculo aleatorio inventado para contar lo aparentemente invisible, que un tercio de las motocicletas del horror que circulan entraron desarmadas al país, eludiendo a las aduanas y que muchos de los que las guían vendrían a ser «fantasmas» por falta de cédulas, licencias y placas a pesar de que en la dura realidad mueren y matan sin compasión en accidentes de tránsito.