Los inmigrantes haitianos y la criminalidad

Los inmigrantes haitianos y la criminalidad

HAROLDO DILLA ALFONSO
Todos los sistemas estereotipan a sus delincuentes de acuerdo con ciertas normas y valores dominantes, de lo que resulta un delincuente parecido a las personas más pobres y discriminadas: negros, indígenas, árabes, turcos, todos regularmente jóvenes.

En República Dominicana ha existido una tendencia a mostrar al haitiano ligado a la criminalidad. Ello lo mostraría como un sujeto disolvente de la nacionalidad (o al menos como la nacionalidad es imaginada por los sectores chovinistas), pues además de ser negro, pagano y africano, ahora sería también un delincuente.

Es curioso hacer notar que una buena parte de la población ha sido permeada por este mensaje discriminatorio, y aún cuando la mayor parte de ella puede opinar favorablemente de los haitianos de muchas maneras, siguen creyendo que los haitianos portan la criminalidad. En un estudio realizado por Ciudades y Fronteras en Dajabón, hallamos que el 71% de la población relacionaba ambas cuestiones, aunque al mismo tiempo esa población era capaz de alabar a los haitianos por ser buenos trabajadores. Una típica percepción esquizofrénica que aparece cuando los valores inculcados por décadas (y reforzados por las propagandas chovinistas) entran en contradicción con la experiencia vivida cotidianamente.

El esfuerzo ideológico por ligar haitianos y delincuencia es muy viejo. En los tiempos del Trujillismo, cuando los voceros de la tiranía se afanaban por justificar la espantosa masacre de haitianos y domínico/haitianos en la frontera, uno de los más locuaces, Manuel Machado, presentaba un cuadro que conviene recrear.

Según Machado, la dominicanización fronteriza (quería decir la masacre) estaba justificada por el alto nivel de la criminalidad haitiana en suelo dominicano. Según él, entre 1910 y 1937, es decir en casi treinta años, los haitianos habían cometido 2,445 delitos, unos siete delitos mensuales, en una población que hacia 1920 era de más de 28 mil personas, en 1937 se calculaba en 52,657.

A todas luces un índice de criminalidad muy bajo. Pero más bajo aún si tenemos en cuenta que dos tercios de los delitos reportados se referían a dudosas cuestiones como hechicerías, curanderismos, abusos de confianza, etc. En realidad los delitos referidos a robos y actos violentos fueron solamente 808 en casi tres décadas entre varias decenas de miles de personas. Francamente irrisorio.

La actualidad no es diferente en varios sentidos. Según los datos del Estado dominicano, el 3% de la población penal en República Dominicana es haitiana, 500 presos haitianos contra 15 mil presos en general. Si asumimos que hay un millón de haitianos viviendo en República Dominicana, y que son un 10% de la población de la parte oriental de la isla, entonces no queda más remedio que decir que no hay una relación entre inmigración de haitianos e incremento de la criminalidad.

También pudiera decirse que los haitianos constituyen una comunidad extranjera residente en el país muy poco dada al delito, y una demostración de ello es que proporcionalmente los haitianos presos son menos que los ciudadanos presos de varias nacionalidades. No obstante el hecho de que son los más pobres.

A pesar de ello, la ligereza para imputar delitos a los haitianos es también un dato de la actualidad. Sobre todo cuando atravesamos fases de catarsis chovinistas motivadas por los hechos más diversos, que van desde un incidente local hasta otro incidente en París.

Recordemos que hace solo unos años un asesinato de una mujer dominicana en Montecristi fue achacado a un haitiano, simplemente porque había huellas de un tipo de calzado que supuestamente usan los haitianos, lo que provocó una histeria antihaitiana que terminó con el linchamiento de algunos y otros actos de violencia.

Aún no sabemos los resultados de esta investigación. Tampoco si el funcionario que hizo la declaración y la prensa que la reprodujo acríticamente experimentaron algún tipo de remordimiento.

Por el momento solo apunto a un derecho: el derecho de la sociedad dominicana a ser informada con datos verídicos y no con verborreas ideológica

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