JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ROJAS
En los últimos años, es un hecho cierto que en la República Dominicana se han incrementado los hechos delictivos, cosa que no ha escapado a los miembros de las instituciones militares. En estos actos hay que incluir los cometidos por los miembros de la Policía Nacional, que aunque no es una organización puramente militar sino un cuerpo auxiliar de la justicia, desde su fundación, dado el carácter militarista de su primer jefe, el brigadier Rafael Leonidas Trujillo Molina, se ha comportado como una milicia, en donde los rangos han ido, desde teniente general su actual cabecilla, hasta un elevado y desproporcionado número de oficiales generales. Cabe recordar que en los tiempos del denominado Perínclito e ínclito Barón de San Cristóbal, el jefe de esa institución el rango más elevado que ostentó fue de coronel.

La población ha comenzado a desconfiar de las actuaciones de estos militares, que se creen, sólo por el hecho de vestir un uniforme, que tienen más derechos que los que ellos denominan de manera despectiva «los civiles». En este accionar, gran culpa recae en nuestros tribunales de la República que permiten que los tribunales militares juzguen a los que cometen crímenes o delitos. Desviando de ese modo la actuación judicial, no se le han podido bajar los «humos» a una serie de militares de alto rango, que sin tener tropas ni haber participado en batallas u operaciones especiales, exhiben un pecho lleno de barras y galones, sin que ellos mismos puedan justificar por cuáles méritos o hazañas las obtuvieron.

Los atracos, secuestros y robos están a la orden del día. Con mucha frecuencia, dentro del grupo de asaltantes o secuestradores, se encuentra uno o varios militares o agentes policiales. Cuando tienen la suerte de encontrar una patrulla integrada por miembros conocidos por ellos, la acción queda impune. Sin embargo, debemos reconocer que todavía quedan efectivos, tanto militares como policiales, que actúan de manera digna o heroica y han caído abatidos o heridos, a veces de gravedad, en el cumplimiento de su deber. A esos héroes anónimos, la ciudadanía no sólo debe encomiarles a que se sigan superando, sino que como premio a ese proceder, se les debe promocionar y aumentarles el magro salario que reciben.

Un hecho que causa indignación en la población es el del robo de cables, alambres, estatuas, tarjas y letras en bronce, quedando muchas veces un barrio, un puente o avenidas sin iluminación, por haber sido hurtado el alambrado de cobre o de aluminio con la finalidad de fundirlo y exportarlo al extranjero. A este respecto, el presidente de la Cámara de Diputados denunció que militares de alto rango se encuentran entre los que forman parte de las compañías que exportan cobre. Por eso, la ley que se pretende votar prohibiendo la exportación de metales de los cuales no hay minas en el país, ha encontrado gran oposición. El Poder Ejecutivo se ha hecho como se dice vulgarmente «el sueco» ante esta grave delación y, por supuesto, los cuerpos investigativos del Estado también han hecho caso omiso, a pesar de la gravedad de la misma y, sobre todo, de quien proviene.

Si tomamos en consideración el porcentaje reducido que significan los miembros de los institutos castrenses frente a la población «civil», podemos deducir por un simple método comparativo, que estos organismos albergan más delincuentes de lo que los superiores cuantifican. Es ya notorio, y se ha demostrado hasta la saciedad, que los que cometen abigeato en las fincas ganaderas próximas a la ciudad capital, léase Monte Plata, Yamasá, Villa Mella y La Victoria, son miembros de los institutos castrenses, que se encuentran protegidos por miembros y amigos que se dividen las «ganancias».

El colmo de los colmos nos sucedió en uno de los que ellos denominan «chequeos militares» para detectar, sea en las ciudades o en la entrada de las mismas, las personas que llevan armas de fuego o que no pueden justificar ser propietarios o locatarios del vehículo cuya matrícula no poseen o está a nombre de otro. El saludo cordial es el siguiente: «Comando, como están sus documentos, lleva arma de fuego». Si la respuesta es negativa y ellos comprueban la veracidad de los hechos, le dejan caer, como quien no quiere las cosas: «no hay algo por ahí».

El jefe de la Policía Nacional debe instruir a sus subalternos (clases y oficiales) que sus miembros, durante la noche no detengan vehículos en donde no haya luz y sea un punto lejano de viviendas, ya que la mayoría de los conductores de seguro no obedecerán esas órdenes, por temor a ser atracados o despojados de sus pertenencias, sea por falsos agentes o por activos. Si las cosas se siguen deteriorando y los atracos, violaciones y asaltos se incrementan, llegará el momento en que la gente tendrá más temor de los uniformados, que de los mismos malhechores que se dedican a robar con el pretexto de que «no hay fuentes de trabajo» y que el Estado dominicano no se ocupa de crearlas.