ANTONIO PEÑA MIRABAL
La reforma tributaria que hay que realizar como consecuencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica es una gran oportunidad que se le presenta al empresariado nacional, al gobierno y a la oposición política para mostrar el grado de compromiso que tienen con el país. La responsabilidad con que actúen estos sectores nacionales frente a la misma será lo que determine la suerte de la indeseada reforma fiscal. Es una oportunidad para que muestren el estado de madurez alcanzando por cada uno de ellos. Es lógico pensar que cada uno de estos sectores aprovechará la ocasión para sacar algún tipo de beneficio de ella, o por lo menos, para impedir ser perjudicado con la misma.

El gobierno empleará toda su inteligencia para sustituir los tributos que ella desaparecerá, y si le dejan, tratará de sacar alguna ventaja tendente a incrementarlos. El empresariado está al acecho para que no le carguen nuevos impuestos que perjudiquen sus márgenes de beneficios, y al mismo tiempo empuja que perjudiquen sus márgenes de beneficios, y al mismo tiempo empuja para disminuir su carga fiscal. Por su parte, la oposición política trata de lavarse las manos como Pilatos, retando al Gobierno a presentar la reforma en el Congreso Nacional y allí discutir lo que “más convenga al pueblo”. Como vendedores de esperanzas, dice la oposición que no aprobará nuevas cargas impositivas, conociendo muy bien que si queremos TLC con Estados Unidos, esta es obligatoria. Como puede observarse, cada quien quiere sacar provecho de la Reforma Tributaria, y si los actores principales no se detienen a pensar en el país pueden arribar a situaciones difíciles, no sólo con Estados Unidos y Centroamérica, sino con el resto del mundo. Es por ello que lo de la Reforma Tributaria y el TLC debe ser asumido con responsabilidad frente al futuro de la nación.

La reforma tributaria ha generado una lucha de intereses y como en toda contienda, alguien saldrá perjudicado; ojalá que no sea la población. Esa lucha genera muchos cabildeos antes de que el Congreso Nacional la apruebe. Lo que actualmente percibe la población es un concierto de propuestas del gobierno, el empresario y la oposición, sin que hasta el momento ninguna de ellas se perfile como prominente sobre las demás. De igual forma no es perceptible la alianza de dos de estos sectores en contra del restante, lo que indica que cada quien, por el momento, anda tras la aprobación de sus intereses particulares. Empresariado y gobierno son los que por ahora se han juntado para discutir sus propuestas, no para enfrentar a la oposición que ya ha dicho que opinará sobre el tema cuando este llegue al Congreso Nacional.

De acuerdo a los analistas financieros gubernamentales, la reforma fiscal debe procurar unos treinta mil millones que se dejarán de percibir como consecuencia de la firma del TLC con Estados Unidos y Centroamérica. Las desavenencias surgidas tienen su origen en la fuente a utilizar para conseguir todo ese dinero. El Grupo León Jimenes, que ante situaciones similares se ha expresado anteriormente con independencia del empresariado nacional, ha hecho su propia oferta de Reforma Tributaria. Sobresale de esta propuesta la iniciativa de criminalizar la evasión fiscal. Llama la atención que esta medida surja de uno de los grupos empresariales más importantes del país en cuanto al aporte fiscal que realiza todos los años. Eso habla bien de ese grupo y refleja el compromiso que tiene para que las cosas se hagan de forma correcta, en un país donde la evasión fiscal es uno de los cánceres que atentan contra el desarrollo y el progreso.

Gobierno, empresariado y oposición no deben dilatar la aprobación de la reforma fiscal, para dar paso a la aprobación del TLC. El país no puede darse el lujo de enviar a los mercados internacionales señales distorsionadas de lo que quiere para su futuro. Este es un compromiso de todos que reclama de la responsabilidad y seriedad de los principales líderes del país. Aquí quien gana no es Leonel ni el PLD, ni su gobierno, es el pa