RAMÓN NÚÑEZ RAMÍREZ
El inicio del Seguro Familiar de Salud a partir del primero de septiembre coloca al gobierno en el reto de armonizar en menos de tres semanas los intereses en conflicto, tarea imposible desde la promulgación de la Ley 87-01, para que el plan arranque adecuadamente o de lo contrario imponerlo «contra viento y marea» con todas las posibilidades de un fracaso del modelo, y de paso el gobierno cargar con los costos políticos y sociales.

Tras una década de retrasos, finalmente, tras mutilaciones y cambios para acomodarla a los múltiples intereses en juego, el 9 de mayo del 2001 el presidente Hipólito Mejía promulgó la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, uno de cuyos puntales, el sistema de pensiones, inició las recaudaciones en julio del 2003 y, a pesar de que la resolución 77-04 del Consejo de la Seguridad Social estableció el primero de septiembre de ese mismo año para el inicio del régimen contributivo de salud, múltiples posposiciones han trasladado la fecha a lo largo de cuatro años, por la imposibilidad de armonizar los intereses en conflicto.

Durante más de dos años actores del sistema centraron sus ataques en contra del Superintendente de Salud, doctor Bernardo Defilló, quien muy temprano advirtió de los obstáculos, cuestionó las sucesivas posposiciones, finalmente esos intereses lograron imponerse y sustituir al eminente médico y organizador de la actual estructura del SISALRIL. Por supuesto, su salida reveló que él no representaba un obstáculo a la implementación del SFS; los obstáculos eran y siguen siendo los intereses contrapuestos.

De un lado las clínicas y el Colegio Médico (aliados circunstanciales ya que el Colegio tiene otra agenda independiente con el tema del IDSS y de la SESPAS) aspiran a la libre elección del especialista por parte del asegurado («abrir el sistema») y que las Administradoras de Riesgo de Salud (ARS) dejen las manos fuera de las Proveedoras de Servicios de Salud (PSS). Del otro lado, las ARS insisten en el mantenimiento de un sistema «cerrado» o de lo contrario la operación sería deficitaria y señalan con mucha precisión un agujero financiero de $7 mil millones anuales.

Finalmente los asegurados, especialmente los que han disfrutado de un seguro médico privado, aspiran a recibir mejores servicios de salud, atenderse con el mismo especialista sin aumentar sus aportes, cuestión que afectará a los afiliados de medianos y altos ingresos, muchos de los cuales desconocen la «solidaridad» del modelo, es decir sus aportes permitirán dotar a todos los trabajadores, independiente del nivel salarial, del mismo servicio básico de salud.

Encima de todo esto se encuentra la Ley 87-01, que por un lado establece con claridad en el artículo 152 un modelo con un «sistema de referencia desde el nivel de atención primaria hacia la atención ambulatoria especializada, y/o la hospitalización general y compleja, y viceversa». También la ley es muy clara en su artículo 122 cuando prohíbe a las ARS “ser propietarias, ni tener accionistas con intereses económicos directos o indirectos con las Proveedoras de Servicios de Salud”

La entrada del SFS con el consenso de todos los actores tropieza con el tema de la forma de ingreso al sistema, cuyos asegurados deben hacerlo al través de un centro de atención primaria, como señala la ley, o si se abre parcialmente, como planteó el Presidente, permitiendo a los actuales afiliados a los seguros médicos privados conservar los derechos adquiridos; aparentemente ello afecta los cálculos de rentabilidad de las ARS y de hecho el propio gobierno reconoció cuando sometió una modificación a la Ley 87-01, reduciendo las cotizaciones del plan de pensiones de 10% a 9%, mientras incrementó para el primer año las cotizaciones del SFS de 9% a 9.53%. Ese tema de la apertura del modelo debió contemplarse en la modificación y no dejarlo a expensas de resoluciones de la Superintendencia de Salud, las cuales podrían verse sometidas a recursos de ilegalidad por parte de los sectores afectados.

Aparte de la definición del modo de ingreso, parcialmente resuelto con las ARS, queda pendiente el asunto de las tarifas, el co-pago y la denuncia de clínicas y médicos acerca de la incursión de ciertas ARS en el negocio de las Prestadoras de Salud y los centros de atención primario.

A menos de tres semanas para el vencimiento del plazo fatal, el Gobierno tiene ante si el reto de despejar los obstáculos y propiciar acuerdos que garanticen la entrada de un SFS con igual o mejor calidad de servicio al promedio de los seguros médicos. El Presidente se está moviendo con rapidez y la reunión el pasado lunes con los principales empleadores apunta a la construcción de ese consenso.

El futuro de la seguridad social, en el componente del régimen de salud para los trabajadores, se está definiendo en esta recta final de agosto; también está a prueba la voluntad política del Presidente, quien de paso se está jugando, con el éxito o no del modelo, una buena parte de su capital político.