Los ciudadanos que integran el Tribunal Superior Electoral pierden de vista dos características esenciales del proceso social: la gracia del poder no es eterna y la gente tiende a juzgar a los que juzgan. Por eso, su asociación con dos políticos que asumieron como estrategia de sobrevivencia, el asalto a la institucionalidad democrática, tendrá un final con tremendas repercusiones éticas y liquidación moral para ellos.

Aquí todos nos conocemos. Afortunadamente, esa combinación institucional capaz de validar proyectos políticos desprovistos de la gracia y conexión con los electores tiene en la ciudadanía la raíz de su invalidación. De ahí, pujas y decisiones desprovistas de fundamentación legal, pero orientadas a darle oxígeno a la oferta partidaria que sirve de plataforma legitimadora a los anhelos de perpetuación del amo y defensor de los designados.

La sentencia que valida una candidatura presidencial, sin el concurso de las bases, envía una señal nefasta y contribuye a un terrible retroceso de los valores democráticos porque “esa bendición del tribunal” traza la ruta de retorcimientos institucionales donde los amarres con los jueces sustituyen la justa interpretación de la ley. Además, esa tendencia de que lo estrictamente político se imponga en las decisiones del TSE caricaturiza un tribunal diseñado para perfeccionar una cultura partidaria que no supera los viejos hábitos, y por el contrario, se reitera en mantener privilegios en los mandos de dirigentes despreciados en la estima pública.

Lo políticamente evidente es que Leonel Fernández utiliza a su antojo a Miguel Vargas, así como lo mantiene con el control de las siglas del PRD, utiliza los mecanismos del poder para degradar la historia y tradición de un partido que sus aportes históricos lo colocan más cerca de la gloria que del escarnio. Sin embargo, el afán por tener un presidente de partido y candidato presidencial con las características del actual, transforma un pasado glorioso y hace de la potencial oferta electoral un tinglado comercial donde el que será derrotado, recibe grandes beneficios. Y para eso: el TSE sirve de orquestador de una perversa operación política.

Nadie como Héctor Incháustegui Cabral describe el vacío generacional que condujo a la llegada de Trujillo al poder. El ilustre escritor, en su texto El Pozo Muerto hace malabares sicologistas que dejan claro la naturaleza humana en ese interregno de degradación que vivió la nación. Salvando las distancias, pero auscultando los mismos vicios, debo reconocer que un análisis pormenorizado de los integrantes del TSE explica sus genuflexiones, servilismo y desdén por los comportamientos decorosos, porque sus promociones y ascenso social serían inexplicables a la luz de una sociedad donde el éxito y respetabilidad se construyera sobre valores como la decencia, talento, vocación de servicio y apego a las normas morales.

En el país existen múltiples exponentes que su triste final los condujo por los caminos de la insignificancia e irrespeto ciudadano al no recordar que la vida es como se termina. A Hernández Franco, su talento intelectual no le sirvió cuando la sociedad leía su burda argumentación, titulada Síntesis, magnitud y solución de un Problema, intentando justificar la matanza del 1937. La confesión de Francisco J. Peynado de que había impuesto el plan a Washington hizo que la burla lo calificara de insinuador de la muerte de la República. Hasta un hombre excepcional, como Víctor Garrido cometió la barbaridad de proponer a Trujillo para adicionarlo al patriciado tradicional de Duarte, Sánchez y Mella, ganando el desprecio de la gente decente. De esas ignominias está llena la historia.

¿Acaso los jueces del TSE conocen de esos episodios infames?