Tirso Mejía Ricart 
Se acercan las elecciones generales del próximo mayo y nuestro sistema electoral adolece de graves fallas estructurales y funcionales, algunas de las cuales pueden ser corregidas de inmediato y otras a través de legislaciones y prácticas que garanticen la diafanidad del proceso y de sus resultados.
1. Como el PLD boicoteó desde junio del 2003 la aprobación de una Ley de Partidos Políticos previamente consensuada dentro del marco del antiguo Consejo Nacional de la Reforma del Estado (CONARE); cuyo proyecto presentado por la entonces diputada Dra. Licelotte Marte de Barrios, como se declaró inconstitucional 246-04 la Ley de Elecciones Primarias, simultáneas y dirigidas por la JCE para cortar los desastres anti democráticos en que estamos sumidos en la selección de candidatos; y como no hay ley orgánica Electoral, como establece la Constitución del 2010; es necesario subsanar en lo posible esos déficits institucionales.
Hay cosas que ya no se pueden hacer para estas elecciones, como permitir que los senadores sean elegidos libremente, separados de los diputados en la misma boleta, o evitar que haya doble votación de los ciudadanos de los municipios y distritos municipales. Tampoco puede revertirse la concepción décimonónica de que se debe ser abogado para conducir la administración de JCE.
Pero hay otras cosas que sí puede la JCE, como por ejemplo separar de sus funciones claves al actual Director de Elecciones Joel Lantigua, el mismo que en esa calidad fue el actor directo del trastrueque fraudulento de padrones electorales en 1994 y que luego de separado de dicho cargo, retomó a partir del 2004, primero nombrado en la Cancillería y “prestado” a la JCE; y poco después ratificado en ese nombramiento…
Las oficinas de las JCE en el exterior funcionan sin supervisión objetiva de los partidos de oposición, tanto para inscribir a los ciudadanos, particularmente cuando no funcionan en la misma ciudad, ya que son avisados solo los afines al gobierno; como a la hora de las elecciones; las juntas municipales no tienen en gran parte presencia de miembros simpatizantes de la oposición; y son dirigidas en la práctica por los Secretarios designados por la JCE; lo mismo que para la composición de los colegios electorales.
Los delegados técnicos de los partidos son relegados como observadores lejanos de donde se procesan los datos claves, incluyendo los resultados; no se toman en cuenta las impugnaciones se alegan; y en caso de discrepancias no es posible el conteo directo de los votos.
Estos y muchos otros son los inconvenientes que deben superarse para que el 15 de mayo prevalezca la voluntad popular en las elecciones del 2016; que no será otra que salir de la pesadilla político-social que vivimos en la actualidad.
