Desde poco tiempo hacia acá se ha desatado una ola de linchamientos, sin que aparentemente se haya efectuado una coordinación entre los actores en las diferentes situaciones que se han presentado. Sin embargo, el ojo avizor indica, que sí hay una relación muy cercana entre estos hechos de sangre que han horrorizado a la ciudadanía. La lenidad y las graciosas medidas de coerción con la cual nuestros jueces castigan a los criminales, han propiciado que los ciudadanos indignados por esas actuaciones tomen la justicia en sus manos y actúan de manera irracional cuando un malhechor es sorprendido en una acción delictiva. Ahí mismo surge una turba enardecida que -así como los delincuentes están conscientes de la benignidad con que los jueces los condenan- ellos también se han percatado de la inexistencia de la responsabilidad colectiva y que cuando se comete un linchamiento inculpar a los participantes.

La utilización de menores por parte de adultos para cometer hechos de sangre es un secreto a voces que las autoridades no han querido o podido enfrentar. Como la identidad del menor es mantenida secreta y el grado de pena aflictiva que se le impone es menor que al adulto, estos se valen de menores para ejecutar ajustes de cuentas o secuestros con fines de cobro compulsivo de deudas.

Se afirma que la justicia está -como la sociedad- corrompida hasta el tuétano y no se está muy lejos de la verdad. El afán de trepar rápidamente y con el menor esfuerzo en la vida pública, ha hecho que muchos jóvenes se dediquen a sustraer motocicletas para asaltar a descuidados ciudadanos que están ajenos a las actividades de los antisociales.

En esta semana, un joven sorprendido en la sustracción de cables de las compañías telefónicas y de cable, fue severamente vapuleado cuando una multitud por poco lo lincha. El argumento de algunos de los participantes fue que si lo llevaban detenido, posiblemente llegase primero a su casa que los participantes a la suya.

Hay una corriente de ciudadanos, en donde es respaldada por abogados, fiscales y jueces, que han solicitado la modificación del Código Procesal y el Código del Menor, porque están conscientes de que estos dos instrumentos fueron copiados de países con un mayor desarrollo económico y con un elevado grado de civismo, en donde, en el caso de los menores, aquellos no tienen la malicia que la pobreza del medio en que se desenvuelven les enseña duramente las circunstancias. En los países tercermundistas, un menor de dieciséis años tiene más experiencia y malignidad que uno de veintiuno en los países que tienen inviernos crudos.

Nos unimos, en consecuencia, a las voces que se han levantado en el sentido que sean modificados los Códigos, tanto del Menor como el Procesal, de lo contrario, el fenómeno de los linchamientos que hasta ahora ha asomado ocasionalmente, se convierta en una patética realidad al tomar los ciudadanos la justicia en sus manos ante tribunales, jueces y fiscales infuncionales.