La avalancha de reservas de candidaturas, así como las impugnaciones de resultados que padecen los partidos mayoritarios, permeado por el clientelismo rampante y la falta de respeto a la democracia que prima en éstos a la hora actual, en desconocimiento de las prédicas de sus lideres históricos Juan Bosch y Peña Gómez,  son una muestra del deterioro de la institucionalidad democrática de nuestro sistema político.

Tras la desaparición de grandes líderes del siglo XX, se han producido en los partidos políticos grandes dificultades para definir sus candidaturas, gestando divisiones que atentan contra la estabilidad de esas instituciones, por falta de mecanismos confiables para arbitrar internamente la selección de sus candidatos.

Las cúpulas  partidarias han pretendido hegemonizar gran parte de las candidaturas en alianza con aspirantes a caudillos locales y funcionarios que quieren repetir en los cargos electivos, sin dar oportunidad al surgimiento de nuevos líderes

A ese respecto quiero recordar que desde la dirección del Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), impulsé desde el año 2002 una Ley de Elecciones Primarias, universales simultáneas y organizadas por la JCE, que eliminarían de raíz  las manipulaciones y exclusiones, sin el peligro de que  los miembros de los partidos voten también por candidaturas de los  otros.

Ese esfuerzo democratizador contó con el respaldo del entonces Presidente Hipólito Mejía, y culminó con la aprobación de la Ley 286-04 de Elecciones Primarias en agosto del 2004, dirigida precisamente a preservar el sistema de partidos, otorgándole la transparencia democrática que requieren para que no naufrague, tal como puede acontecer por el descrédito y el abandono de su vocación democrática y prácticas deshonestas.

Dichas elecciones, no solo evitarían que las cúpulas secuestren la voluntad popular,  sino que preservarían la cuota femenina y eliminaría la necesidad del  voto preferencial, que enfrenta simultáneamente en las elecciones generales a candidatos propios y adversarios.

Pero grupos interesados y conservadores iniciaron una campaña en contra de esa avanzada legislación, y ésta fue declarada inconstitucional, con el argumento baladí de que son organizaciones privadas, cuando son realmente instituciones públicas sui géneris intermediarias entre la población y los poderes del Estado que gozan del apoyo económico y supervisión del Estado.