Mucha gente exige a los gobiernos de turno que aumente el presupuesto de educación cumpliendo lo que dice la Ley. Otros exigen lo mismo para salud, la Justicia o los municipios.

Hay leyes que tienen buena intención, pero no estamos preparados para cumplirlas. El propio secretario de Educación (un viejo luchador gremial por más fondos para educación) dijo recientemente, que esa institución no tendría capacidad de ejecutar el 4% del PIB que le corresponde al sector, algo que me parece cierto si se trata de gastarlo bien. 

Y esto es definitivamente cierto porque antes de alcanzar esa meta presupuestaria hay que sanear y fortalecer previamente el marco institucional del sector educativo, eliminando el dispendio y la burocracia excesiva, mejorando la calidad de la enseñanza, reorganizando el andamiaje técnico y financiero e integrando a los padres a la administración y mantenimiento de las escuelas. De lo contrario, sería botar el dinero sin resultados visibles.

Por ello, el primer mito es pensar que el aumento del presupuesto a educación, salud o los municipios, solo por cumplir la ley y sin previas reformas institucionales, mejorará los servicios a la comunidad. Eso es engañarse uno mismo.

El otro problema es el cumplimiento de las asignaciones. Por ejemplo, el presupuesto de La Secretaría de Educación para el 2009 fue aumentando de 26 a 33 mil millones y el de la Secretaría de Salud de 27 a 30  mil millones. Por su parte, el de la Presidencia aumentó de 28 a 35 mil millones.  ¿Pero cuánto se ejecutará en cada uno de ellos?

Al final del 2009 veremos que la ejecución presupuestaria cambió radicalmente esa distribución.

En septiembre del próximo año enviarán una ley de transferencia donde le quitan a educación y salud parte de su presupuesto y se lo asignan a la Presidencia para otras prioridades. Eso ha sucedido en todos los gobiernos y lo pueden contactar con las ejecuciones reales del presupuesto al finalizar cada periodo.

Con estas transferencias, convenientemente programadas, es difícil cumplir metas sobre la base de ingresos asignados.

Y cuando decimos programadas, es porque las asignaciones las recortan cada mes, sin justificación. Terminado el tercer trimestre aparece educación o salud ejecutando apenas el 55% del presupuesto, cuando debería haber ejecutado el 70%. Parte de esta diferencia se le reduce por ley y se transfieren a otras instituciones, políticamente convenientes.

Por eso decimos que esos aumentos son otro mito presupuestario. 

Este análisis no contempla aumentos de salarios de los maestros, enfermeras y médicos, algo difícil de suponer, salvo que veamos estos servicios públicos en caída libre hacia el desastre.   

El mensaje se resume en lo siguiente: los aumentos presupuestarios no mejoran necesariamente los servicios públicos, pero la calidad del gasto siempre lo hace. Arranquemos por esto último, eliminando lo superfluo y mejorando lo esencial, para después pedir más dinero.