Hoy 
REYNALDO R. ESPINAL
Varios funcionarios prominentes del presente gobierno- en una manifiesta actitud de intolerancia tras la que se asoma, consciente o inconscientemente, un resabio de fundamentalismo político- se han rasgado sus vestiduras- y sólo faltaría que dirijan las correspondientes notas de protesta ante los dicasterios vaticanos – a raíz de las recientes declaraciones de varios obispos cibaeños, que en un libérrimo ejercicio de su ciudadanía, se han mostrado- por razones de principios que no personales- opuestos a la reelección presidencial.
Sin entrar en las razones de fondo en que se sustenta la autorizada opinión de los pastores- que las hay muchas y demostrables- lo que llama poderosamente la atención en este caso es la falsa concepción que determinados políticos se han forjado sobre el papel que a la iglesia y a sus responsables le corresponde jugar , no sólo para ser fiel a su misión, sino, aún más, para sintonizar con los gozos y las esperanzas de los hombres y las mujeres de hoy, o como solía recordar el inolvidable Juan XXIII, para aggionarse o ponerse al día. Bien convendría por tanto a quienes tienen responsabilidades políticas, enterarse un poco mejor sobre ello, a los fines de evitar estériles exabruptos e insensatas confrontaciones.
Lo primero que ha de saber un político a la hora de jugar la opinión de un dignatario eclesiástico es que ser un consagrado no implica abdicar de la condición de ciudadano, y si esto es así, tal como se consigna en la Constitución y como reza en la Declaración Universal de los Derechos Humanos …todos tenemos derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento. Algo de esto tendría presente el genial escritor G. K. Chesterton cuando escribió -con esa gracia que le era connatural- que un cristiano es aquel que al entrar a la iglesia …se despoja del sombrero pero no de la cabeza...
Un obispo o un sacerdote sólo está limitado en sus opiniones cuando se trata de asuntos que atañen a la defensa del dogma católico. La reelección presidencial no entra en esta categoría, no es una verdad revelada- aunque ya quisieran muchos políticos que así fuera-, no es una verdad cuya ortodoxia hay que preservar sin máculas ni distorsiones. Es un tema opinable y en cuanto ciudadanos bien tienen los obispos todo el derecho del mundo a expresarse sobre el mismo.
El malestar que se esconde tras los resabios gubernamentales por la opinión de los obispos cibaeños radica en que esta vez los juicios emitidos no se corresponden con los intereses que defienden quienes ya están cómodamente montados en el carro triunfal del reeleccionismo. Ello no debería ser óbice, empero, para que la opinión de los prelados cibaeños se acoja con respeto.
Mucho hace falta además, que al igual en otras muchas ocasiones, esta vez la jerarquía católica instruya debidamente a sus fieles- muchos de los cuáles militan en partidos políticos diversos- a los fines de que nadie se llame a escándalo cuando un pastor opina sobre un tema en el cual no está en juego la pureza del dogma o la doctrina. Nadie puede impedir a un pastor de la iglesia opinar en cuanto ciudadano. El único límite a este respecto debe imponérselo a sí mismo cada cual en un responsable ejercicio de prudencia.
Muchos creemos que ya están lejanos en la Iglesia dominicana los fatídicos tiempos- a pesar de escasas excepciones- en que muchos pastores – con un silencio cómplice hijo más de la cobardía que de la prudencia pastoral- se convirtieron en valedores del poder reinante. Tales maridajes cesaropapistas harían bien a muchos dictadores o a quienes disimuladamente- aunque disfrazados de demócratas- alientan o han alentado tales pretensiones, pero no a los auténticos intereses nacionales.
Siempre es bueno en los asuntos humanos delimitar nítidamente las fronteras entre la colaboración y el servilismo, y las relaciones entre la Iglesia y el Estado no constituyen una excepción. La historia nos enseña que cuando ello no ha sido así- lo que por desgracia ha sido muy frecuente- creyentes y no creyentes hemos tenido mucho que lamentar.
