Sarampión, leptospirosis, dengue, malaria y otras enfermedades forman parte de los riesgos sanitarios a los que las autoridades prestan atención casi permanente.

Sin embargo, hay otras amenazas muy serias contra la salud de la población que pasan desapercibidas a pesar de que su ocurrencia es constante y visible. Un ejemplo de esto último es el expendio de las carnes que consume la gente.

Las autoridades sanitarias le ponen poco caso a la forma en que son sacrificados, procesados y vendidos los animales para consumo.

Mataderos y carnicerías en mal estado y de pésimas condiciones de higiene abundan en los mercados y barrios, pero no son frecuentes las intervenciones de los inspectores sanitarios para corregir este problema.

A raíz de que el cólera llegara al país Salud Pública se comprometió a poner controles sobre la manipulación y venta callejera de alimentos. Esos controles jamás se aplicaron. Tampoco han inspecciones periódicas en fondas y comedores, a pesar de que en muchos casos ponen en riesgo la salud de los clientes.

Del mismo modo que se actúa ante la amenaza de dengue, leptospirosis y otros males parecidos, hay que dedicarle atención a la forma en que se manipulan y venden las carnes que consume la gente.

Transparencia a conveniencia

Cuando están fuera del poder nuestros partidos son los mejores defensores de la transparencia. Sus prédicas de campaña se basan generalmente en la falta -real o supuesta- de pulcritud en el manejo de recursos públicos.

Pero esos mismos partidos son los más renuentes a ser transparentes. Un estudio divulgado por  Participación Ciudadana revela que los partidos políticos se resisten a rendir cuentas sobre el uso de los fondos que por ley les suministra la Junta Central Electoral.

El mismo estudio comprobó que los partidos también se resisten a respetar la ley de libre acceso a la información pública, a pesar de que en sus campañas de oposición exigen respeto a esas disposiciones.

Esa riña con la transparencia permite entender la actitud de los partidos contra la aprobación de una ley que trace pautas sobre sus actos.