Los parquímetros: un negocio redondo

Los parquímetros: un negocio redondo

En estos días, cuando finalmente hemos conseguido el contrato y las resoluciones de la Sala Capitular del Ayuntamiento de Santo Domingo para la instalación de parquímetros en calles y avenidas, no hemos podido reprimir un sentimiento de pesadumbre y decepción.

Durante años habíamos asistido al debate que se centró en la inoportunidad de cobrar a los munícipes de Santo Domingo por estacionar sus vehículos en las calles, pero casi siempre se pasó por alto el análisis de los términos del contrato, verdaderamente infames, sólo explicables en la corrupción pública y privada que carcome gran parte de los intersticios de la sociedad dominicana.

El escándalo comenzó con la Resolución Municipal 27 95, del 28 de febrero de 1995 que disponía los parquímetros y autorizaba a contratar las empresas que fueren necesarias para su establecimiento y operación. Desde ya se indicaban tarifas y la desproporción de 30 por ciento para el ayuntamiento y el 70 restante para los empresarios. Se cobraría un peso por cada hora de estacionamiento y por lo menos 500 pesos por la remoción de los vehículos indebidamente estacionados.

El cabildo se comprometía a disponer de grúas, con sus debidos garajes, para remover los vehículos que violaren las regulaciones, así como de los terrenos necesarios para depositarlos.

Coincidencialmente, la empresa que se contrataría para instalar los parquímetros acababa entonces de ser constituida. Apenas 40 días antes de la resolución municipal, el 18 de enero de 1995. «Parques Dominicanos, S.A.» fue creada con un capital de apenas 100 mil pesos, aunque con una notable variedad entre sus 9 acciones originales, que incluían humildes personas nativas de Tamayo, del paraje El Zanjón de Salcedo y de barrios populares de la capital como el Simón Bolívar y Villa Consuelo, con «inversiones» de mil pesos.

Entre los cuatro mayores accionistas figura la compañía ROBACO DE RDS/INC con domicilio en Miami, e inversión de 15 mil pesos.

Pero la sala capitular que originó la ignominia cambió en 1998, al menos en parte, y todavía no se había firmado el debido contrato. Pero no hubo problema, los nuevos regidores ratificaron la Resolución 27/95, mediante la 99/2002, del 27 de junio del 2002. De esa manera el contrato pudo ser suscrito el 18 de julio del 2002, bajo la gestión del síndico Johnny Ventura, quien finalmente no lo ejecutó y llegó a negar que lo hubiese firmado, aunque un notario testimonia lo contrario.

El artículo 22 estableció el régimen de tarifas, bastante más generoso que el original: Diez pesos por cada 30 minutos o fracción en la zona 1 y 5 en la 2. Los infractores seguirían pagarían 200 y 300 pesos de multa. Pero con 300 pesos más por liberar el cepo que podrían ponerle a las gomas para apresar el vehículo infractor, 500 pesos por remolque y 100 pesos por día por el estacionamiento hasta que fuere liberado por el propietario, previo pago de multa y tarifas.

Ya en el contrato aparece una nueva modalidad del negocio: permisos de estacionamiento residencial, de 2 mil pesos anuales. Bastaba con que pusieran parquímetros en su calle.

Tocó a una tercera sala capitular, mediante la Resolución 29/2003, del 20 de marzo del 2003, modificar la Resolución 27/95 para precisar en peores términos que la concesionaria entregaría al Ayuntamiento por el cobro de los parquímetros el 10 por ciento de sus ingresos brutos , que sería duplicado al 20 por ciento cuando la ocupación superara el 50 por ciento. También el 30 por ciento de los ingresos por permisos anuales de estacionamiento residencial y 100 pesos por cada multa, cuyo monto no puede ser menor de 500 pesos.

Como se puede advertir durante 9 años, tres diferentes salas capitulares electas se han empeñado en ayudar a esa empresa a cobrarle a los munícipes por estacionar en las calles, para que se quede por lo menos con el 80 por ciento. Un negocio redondo para esos «empresarios».

Según comunicación de «Parques Domiicanos» del 6 de octubre pasado, los primeros 1,629 parquímetros serían colocados en el entorno del Palacio Nacional, Centro de los Héroes y avenida Mella. Un empleado público que estacione en la feria por 6 horas tendría que pagar a esa empresa 60 pesos cada día, 1,200 pesos por veinte días al mes, de los cuales 240 serían para el Ayuntamiento y 960 para los empresarios.

Por suerte el síndico Roberto Salcedo y otros funcionarios municipales, lo mismo que algunos regidores se han negado a implementar el contrato. El consultor jurídico del Ayuntamiento Juan Cedano, dictamina que el contrato choca con el artículo 127 de la Ley 3456 sobre organización del DN, que prohibe apoderar a particulares para efectuar cobros.

Por lo menos los regidores Julián Roa, del PLD, y Alfredo Joni Lorenzo del PRD han sometido instancias pidiendo que el cabildo deje sin efecto la contratación, lo que fue avalado por una comisión de 8 regidores encargada de ponderar las solicitudes.

Lo menos que se puede esperar es que el contrato sea rescindido. Lo que no dejará de ser difícil, puesto que tiene que haber habido mucho estímulo empresarial para que tres salas capitulares insistieran en una concesión tan graciosa.

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