A nivel mundial, se verifica una crisis de los sistemas de partidos, la cual se conjuga y acentúa cada vez más con una angustiante crisis de la democracia. De esa circunstancia son conscientes las direcciones de esas colectividades políticas que, a pesar de eso, persisten en la mala práctica de despreciar toda regla tendente a hacer efectivos los derechos de participación y representación de su militancia, como es el espíritu/esencia de la reciente Resolución 13-23 de la Junta Central Electoral (JCE) basada en la sentencia del Tribunal Superior Electoral sobre el carácter de las reservas de candidaturas partidaria. En ella se establece con claridad que estas no son un 20% de la totalidad de cada agrupación, sino de cada uno de los niveles de elección.

Como dicen Lenk y Newma, “los partidos son los órganos de creación de los demás órganos del Estado”, lo configuran y por tanto, de su funcionamiento y forma de elección de sus representantes en esos órganos dependerá la legitimidad del poder. La resolución de la JCE constituye un intento de que la escogencia de los representantes en esos órganos se haga en un clima de respeto de los derechos de participación y representación de la militancia partidaria e incluso a quienes no sean militantes de una colectividad, limitando la discrecionalidad de los partidos en la elaboración de las boletas para impedir que el derecho a esas alianzas no se ejerza en desmedro de los derechos sustantivo y constitucionales de la militancia.

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La demanda de que la ley de reserva de candidaturas sea para el 20% del total de estas y no de cada nivel de elección, podría provocar de los 32 senadores que deberían ser elegidos, un partido podría reservarse hasta 29 y elegirlos a dedos. Una barbaridad. Los senadores son los legisladores claves en la elección de los órganos fundamentales del Estado. Por eso es necesario cierto límite a los partidos, porque como decía Kelsen “la democracia sin control es, a lo largo, imposible”.

En ese sentido, la Resolución 13-23 de la Junta Central Electoral es solo una campanada que advierte a los partidos que no la aceptan, que sin reglas claras el sistema político dominicano trilla el camino a la perdición.

Y no solo para estos, lo es para un sistema de partidos en crisis y para una sociedad civil que, a diferencia de otros tiempos, por las presiones y chantajes de sectores políticos y parapolíticos, tiende a reaccionar muy fríamente ante cuestiones que son vitales para el país. Ojalá oigan esa campanada, al igual que aquellas colectividades políticas que sí les interesa la democratización de la práctica política.