A nueve semanas de las elecciones presidenciales la campaña electoral se caracteriza por el intercambio de diatribas entre dos de los principales partidos y por la ausencia de planteamientos programáticos para afrontar la crisis financiera, restablecer el equilibrio macroeconómico y retomar la senda del desarrollo con mejor distribución del ingreso.

Como elementos positivos se advierte un menor derroche de recursos propagandísticos en las vías públicas y de caravanas y otras manifestaciones costosas, a lo que ha contribuido el retraso de dos de las principales opciones partidarias en superar sus dolencias internas.

Ahora que la Junta Central Electoral informa que entregará a los partidos reconocidos más de 400 millones de pesos del presupuesto nacional, cobran mayor fortaleza los reclamos sociales por una campaña basada en debates programáticos y ajustados a la ética democrática.

[b]Del dicho al hecho agresivo[/b]

Durante el pasado fin de semana el discurso agresivo exhibido por los candidatos Hipólito Mejía y Leonel Fernández se tradujo en las primeras acciones de violencia de la presenta campaña electoral, con balance de 4 heridos, en tanto dirigentes reformistas acusaban a peledeístas de haberlos agredido durante actividades en Puerto Plata. Esto último negado por los acusados.

La violencia desatada en Nigua, San Cristóbal, entre perredeistas y peledeistas incluyó una prolífica utilización de armas de fuego y pudo degenerar en una tragedia que marcaría pauta en la campaña electoral.

La ocurrencia incentivó las críticas que se venían formulando al lenguaje despectivo, agresivo e insultante en que se han envuelto los candidatos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Las preocupaciones son mayores en tanto uno de los involucrados es el presidente de la República y por lo tanto con mayores recursos para la coerción. También por involucrar al candidato que las encuestas proyectan con mayores posibilidades de ganar las elecciones de mayo y asumir el poder en agosto.

La magnificación verbal y con hechos de violencia de las contradicciones políticas entre Mejía y Fernández y sus respectivos partidos podrían manchar severamente el proceso electoral, agriar una eventual transición y hasta repercutir en la gobernabilidad de la nación durante el próximo período constitucional.

De hecho, un triunfo del doctor Fernández y el PLD implicaría dificultades de gobernabilidad si prevalecen relaciones tirantes con un PRD que controla el 90 por ciento de los senadores, casi la mitad de los diputados y más del 80 por ciento de los municipios, con incidencia en otros estamentos del Estado, incluidos la Suprema Corte de Justicia y la Junta Central Electoral.

La sorpresa en lo que va de campaña es que Leonel Fernández haya abandonado su discurso, generalmente conceptuoso, para apelar a calificativos más agresivos que los exhibidos por Hipólito Mejía. Todavía la noche del miércoles 10, en un masivo acto en la tranquilidad de un hotel capitalino, insistió en su planteamiento de que la crisis nacional se debe “al déficit de masa encefálica entre quienes dirigen la nación”.

Hasta dirigentes peledeistas entienden que Fernández ganaría más en todo sentido evadiendo la confrontación de improperios, sin dar espacio a una polarización con quien ejerce el poder y que ha aparecido en tercer lugar en las dos últimas encuestas publicadas, mientras a él se le atribuye casi dos terceras partes de las intenciones de voto.

[b]Piden debate programático[/b]

Desde hace varias semanas se generalizan las críticas por la superficialidad del discurso de campaña que exhiben los candidatos y líderes políticos. El pasado domingo, al término de una reunión de los obispos dominicanos en Santiago, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Ramón de la Rosa, formuló la demanda de que se centre la campaña en la discusión programática y se evadan los improperios y diatribas.

La comisión permanente del Diálogo Político que coordina monseñor Agripino Núñez Collado, el movimiento Participación Ciudadana, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, la Fundación Institucionalidad y Justicia y pastores evangélicos han insistido en solicitar que los partidos presenten programas de gobierno y expliquen cómo van a afrontar la crisis financiera nacional.

En el mismo sentido se han pronunciado los editoriales de los diarios y la mayor parte de los comentaristas de radio y televisión, que interpretan que la ciudadanía está cansada de la confrontación política y tiene derecho a saber qué proponen las diversas opciones presidenciales.

Del presidente Mejía se espera que explique porqué necesita cuatro años más de gobierno después de un deterioro tan fuerte de las finanzas y la economía nacional que ha generado una grave devaluación del nivel de vida de la población.

A los opositores se les demanda que pasen del simple planteamiento de que la sola sustitución del actual gobierno producirá el milagro de la recuperación y del discurso absolutista a la matización de responsabilidades tanto en el pasado como en el porvenir.

Todos los candidatos deberían fijar posición sobre la reforma fiscal comprometida en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que debería ser objeto de consenso el próximo mes para someterla al Congreso en junio.

También es legítimo esperar que los partidos expliquen cómo van a reorientar la inversión pública para combatir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso, qué harán para ejecutar el Sistema Dominicano de Seguridad Social, cómo afianzarán la seguridad jurídica y combatirán efectivamente el cáncer de la corrupción pública y privada.

La ANJE promueve un debate entre los principales candidatos, que probablemente fracasará como en todos los comicios anteriores, ya que siempre el preferido en las encuestas entiende que no debe exponerse ni dar cancha a los que buscan alcanzarlo. Pero abundan los espacios para las exposiciones en sesiones sucesivas, como las iniciadas esta semana por la FINJUS en lo tocante al combate de la corrupción. La Cámara Americana de Comercio y otras entidades buscan también que los candidatos expongan sus programas, aunque sea en fechas sucesivas.

[b]El Código de Etica [/b]

El lunes 8 el movimiento cívico Participación Ciudadana dio a conocer su “Código de Etica para la Campaña Electoral del 2004”, que es, en esencia, el mismo documento que suscribieron los candidatos presidenciales para los comicios del 2000.

Como ya lo avalaron los partidos, lo que se espera ahora es que simplemente lo ratifiquen, que lo tomen en cuenta, que adopten “los mecanismos necesarios para la permanente vigencia de los principios del Código de Etica Electoral, de tal forma que sean conocidos y respetados por su membresía”.

De inmediato Participación Ciudadana recibió de los medios de comunicación, de jueces electorales, de grupos sociales y de algunos dirigentes políticos, el respaldo a los principios enunciados en el Código de Etica Electoral.

El documento toca los aspectos cardinales de la convivencia democrática. Discusión programática, educación cívica del pueblo, fortalecimiento de la democracia y los valores de la paz, y del respeto a los derechos humanos.

Plantea la independencia del órgano del arbitraje electoral, compromiso con la no violencia física y verbal, propiciando un clima de entendimiento y competencia respetuosa de los derechos de todos. Evitar el abuso de los recursos del Estado y del uso de la fuerza pública.

El código también preconiza que “los partidos y candidatos garanticen la legítima y lícita procedencia de los fondos y donaciones que reciban y rindan cuenta del uso que dan a estas donaciones”, que respeten el medio ambiente y eviten la manipulación política indebida e inmoral.

Los últimos puntos se refieren al incentivo de la participación de la ciudadanía en la discusión de los programas y en la observación del proceso electoral, y “propiciar un período de transición armónico, en aras del interés nacional y el fortalecimiento sostenido del sistema democrático”.

[b]El financiamiento público[/b]

El anuncio de que se entregarán 412.8 millones de pesos del presupuesto nacional para la campaña electoral de los partidos reconocidos por la JCE da mayor vigencia al derecho de la ciudadanía por conocer los programas de gobierno, reclamar transparencia, comportamiento ético y rendición de cuentas sobre el financiamiento.

De esa suma se adelanta que el PRD recibirá 139.4 millones de pesos, el PLD 82.2 millones y el Partido Reformista Social Cristiano 81.7. Entre los tres mayoritarios percibirán 303.3 millones de pesos, equivalentes al 73 por ciento del total, atendiendo a la proporción de votos obtenidos en las últimas elecciones.

El mínimo a recibir por los partidos recién reconocidos sería de 4 millones de pesos, lo que no deja de expresar una distribución poco equitativa que perpetúa el dominio de los partidos tradicionales en desmedro de las nuevas alternativas electorales.

El artículo 49 de la Ley Electoral establece la contribución a los partidos del presupuesto nacional equivalente al medio por ciento de los ingresos nacionales en los años en que haya elecciones generales y de un cuarto en los demás. El artículo 50 indica que el 75% de esos fondos se distribuirá en función de los votos obtenidos por los partidos en las dos últimas elecciones generales.

El artículo 52 obliga a los partidos a crear un sistema de contabilidad que refleje los movimientos de ingresos y egresos y su párrafo 2 autoriza a la JCE a solicitar a la Contraloría General de la República que los audite para determinar las fuentes de ingresos y los gastos correspondientes. Pero esta prerrogativa no se ha ejercido, aunque la contribución data de la reforma electoral de 1997 y rige desde los comicios de 1998.