Todo sistema democrático se legitima a partir de la propia democracia. Mediante el uso de las herramientas que ella misma establece. En tal virtud, no hay un método más convincente en una democracia, que la de someter las propuestas al escrutinio, sean ideas, candidatos o dirigentes.
Los partidos que en sus estatutos o declaración de principios se definen democráticos, deben ser los primeros en ponerlas en práctica, puesto que sus acciones y decisiones, aunque una parte importante no estuviera de acuerdo con algunas medidas o disposiciones, el solo hecho de ser aprobadas por la mayoría, las legitima, pues les dan carácter democrático cuando los componentes de esos conglomerados se expresan.
A la democracia se le han añadido calificativos tratando de acomodarla a situaciones de conveniencias, de las organizaciones o de los momentos, pero nada que no responda a la voluntad de las mayorías puede considerarse una medida democrática. Sea dentro de un organismo de decisión o dirección, o sea dentro del conglomerado total de la entidad.
La democracia no hay que buscarla en las fábricas o centros de trabajo, en las escuelas, iglesias, clubes o en la justicia. Donde hay que encontrarla, forjarla y aplicarla es en los partidos políticos, porque ellos son las zapatas que soportan el sistema democrático, y a partir de ahí se reflejan en las demás áreas de la sociedad.
Otra cosa que no se debe pasar por alto cuando me refiero a las democracias internas de los partidos, es que, cuando éstos pasan a ser regulados y financiados por organismos del Estado, deberían ajustarse a lo que el propio Estado dispone en esa materia.
En tal sentido, los estatutos de los partidos no pueden o no deben contener cláusulas y disposiciones que violenten la esencia de la democracia que el Estado en que se constituyeron, así lo dispongan, porque sería una contradicción. Pueden tener diferencias en sus estatutos en cuanto a organización, ideas, propósitos, etc., pero todos deben tener las mismas obligaciones en cuanto a la forma de resolver lo relativo a las elecciones de dirigentes, organismos y de candidatos.
No importa si se denominan liberadores, revolucionarios, de centro, derecha, izquierda, moderados o liberales; la forma de escoger sus representantes, que no son para uso propio, sino que tienen repercusión en el país que los subsidia y los regula, deben llenar los requisitos que la democracia que sustenta el Estado les exige.
Porque sus acciones políticas repercuten en todo el país. Involucran de cualquier forma a los ciudadanos, aún no sean miembros de esas entidades. Y cuando van a escoger candidatos para que miembros y no miembros de esas organizaciones voten por ellos, están obligados a cumplir con los requisitos que las normas de la nación exigen.
Por eso, cuando se regule a los partidos mediante una ley, necesariamente tiene que establecerse la forma de escoger sus direcciones y sus candidatos, ajustados a lo que establece la democracia.
Mediante normas que legitimen esas decisiones. De lo contrario, tendríamos democracia con métodos no convincentemente democráticos.