Los partidos políticos deberían ser los primeros en procurar que el Estado, a través de los diferentes organismos de fiscalización existentes, auditen todas y cada una de las operaciones financieras que realicen, sobre todo, con los fondos otorgados a través de la Junta Central Electoral.
Cada partido debería contar con un Presupuesto o cálculo anticipado de actividades económicas, aprobados por sus organismos; y además, debería publicar anualmente sus Estados Financieros, siguiendo los principios contables generalmente aceptados. Pero lo más importante de todo sería, que cada desembolso que se vaya a efectuar esté debidamente auditado. Y para ello lo ideal sería que la Contraloría General de la República tenga un papel mucho más activo y directo en esto.
No importa si la ley establece un porcentaje global y particular a cada partido. Lo que más le conviene a los partidos y a la democracia institucional es que los aportes se hagan obedeciendo a un programa de desembolso, pero que cada desembolso sea auditado mensualmente.
No se trata de poner trabas al desenvolvimiento de los partidos. Todo lo contrario. Porque todas las instituciones que reciben dinero del Estado, deben y tienen que someterse a una serie de requisitos que muchas veces, erróneamente, son calificados como retranca, pero son necesarios. Porque si no, quién sabe.
Los partidos son las organizaciones en las que se fundamenta la democracia. Y eso, repito, debe ser suficiente para que todo lo que se realice en ellos, no solo sea transparente desde el punto de vista de las decisiones internas, llámese convención, asamblea o cualquier otro organismo, sino igualmente, la forma como se efectúan los gastos y operaciones económicas, más si provienen del erario
Eso les daría a los dirigentes políticos mucho más fuerza, no solo frente a la sociedad, sino incluso frente a sus mismos compañeros cuando vayan en procura de ayuda o “grasa” como dicen popularmente. Para que todos los miembros de los partidos, no importa el nivel que ocupen en la organización y la sociedad, sepan que las donaciones o ayudas no se pueden hacer obedeciendo a simpatías con algunos de sus dirigentes. Sino a programaciones autorizadas y fiscalizadas.
La Junta Central Electoral y los partidos deberían aprovechar la gran oportunidad que se les presenta, para que cuando se discuta la Ley de Partidos y Electoral, se incluyan artículos, claros y precisos, de los requisitos requeridos para que se puedan hacer gastos, pagos, donaciones, etc.
Sobre este tema he conversado bastante con el estimado amigo Federico Lalane, con quien he compartido y comparto conceptos críticos sobre la forma en que distribuyen y gastan los dineros del Estado.
Ojalá que estas como otras sugerencias que pudieran surgir, sean tomadas en cuenta a la hora de ventilar las nuevas leyes que incumben al sistema de partidos, aunque con las actuales disposiciones, la Contraloría General de la República, jugando un papel mucho más activo, podría ayudar a establecer mejores controles en beneficio de nuestra pobre y débil institucionalidad democrática.
Los partidos son muy importantes, y hay que cuidarlos.