Una reapertura gradual y prudente de la frontera con Haití es la que ha trazado el Gobierno dominicano para hacer posible el fluir de mercaderías que los haitianos podrían tener urgencia de adquirir y los dominicanos de venderles. Un país cuyas autoridades claman desesperadas por una intervención militar extranjera, en implícita admisión de ausencia de garantías y orden interno, tiene que reconocer que a sus vecinos más cercanos les asisten razones poderosas para la autoprotección. Aunque proceda reanudar el comercio y los aprovisionamientos de interés social, la creación de las condiciones favorable a la normalización de intercambios depende, en mayor medida de quienes, hablando a nombre del Estado haitiano, siguen siendo incapaces de poner su casa en orden y no tienen autoridad para atribuir violación de compromisos internacionales a su contraparte después que intereses privados suyos, a espaldas de los Estados, se lanzaran a construir un trasvase capaz de adueñarse del Masacre.

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Con la rehabilitación del canal La Vigía y otras opciones de la ingeniería hidráulica de mediano plazo, República Dominicana ejerce legítimos derechos a garantizar el aprovechamiento local de un recurso que nace y se nutre en su territorio mayormente. No quiere esto decir que las obras en marcha tengan el fin último de privar totalmente de aguas al pueblo limítrofe. Ningún dominicano sensato y justo aprobaría que fuese monopolizado un río colindante desde cualquiera de sus riberas.