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Un político de verdad debe cuidar siempre el juicio de la historia. El PRD ha sido una organización conectada a los acontecimientos de mayor trascendencia en la vida democrática del país. Y en el justo balance de los últimos comportamientos institucionales se tiene la impresión de que su principal autoridad orienta el desempeño partidario alrededor de una ecuación donde los beneficios están asociados a su naturaleza empresarial, descuidando e irrespetando 76 años de esfuerzos, sacrificios y abnegación.

Aunque el memorial de errores y distorsiones no pueden reputarse como obra exclusiva de un dirigente, Miguel Vargas estructuró un modelo de organización para conducirlo a la presidencia de la nación. En el trayecto, el proceso de acomodo a una aspiración distorsionó el partido e hizo añicos sus vínculos con su base social, y en el intento, anuló sus perfiles ideológicos, transformó la militancia en un ejercicio de genuflexión, los dirigentes pasaron a la condición de empleados, la supuesta naturaleza concertadora evidenció negocios degradados y el reparto de migajas provocó desdeñosas valoraciones en el liderazgo nacional.

Un amplio segmento de la población considera que la presidencia del partido blanco está en manos de un comerciante. Y en la práctica, lo cuestionable reside en que sus operaciones empresariales tienen como destinatario final una entidad gubernamental donde las transacciones se realizan como resultado de amarres y componendas de corte político para beneficiar a una persona que, por encabezar un partido opositor, debe tener conciencia de los límites en la actuación privada como resultado de la simbología del cargo que desempeña.

Si Vargas Maldonado, como empresario que ha sido, desarrolla sus negocios a distancias del gobierno no tendría tantos cuestionamientos. La gravedad es que en un país con escaso nivel institucional, no se puede asociar al puritanismo y la inocencia tantas coincidencias alrededor de iniciativas privadas interconectadas con el presupuesto nacional.

Hacer un ejercicio contable de las operaciones conocidas entre Vargas Maldonado y el gobierno podrían aportar a una reflexión honesta. Venderle el edificio de la Dirección General de Aduanas, su empresa Almadeca alquiló un depósito fiscal a la DGA, obtiene un préstamo de 15 millones de dólares en Banreservas, consigue mediante dación en pago que el banco del Estado reciba un inmueble en millones de dólares para compensar su deuda. Además, dos procesos de investigación penal dependen de un ministerio público con tintes oficiales: el destino de los fondos asignados por la JCE que ascienden a 1,200 millones y las operaciones realizadas con los antiguos dueños del Banco Peravia. ¡En qué país una autoridad partidaria puede ejercer la oposición en medio de tantas impugnaciones¡.

Todo el proceso de repliegue opositor, complicidad y acuerdo con el PLD tiene su origen en el hecho de que la raíz empresarial de Vargas Maldonado dificultaba un comportamiento institucional asociado al reclamo social y afín a la agenda de los sectores populares. Con la gravedad, de que ese entramado financiero y político provocó una disminución en la autoridad moral de una parte de la dirigencia que siguió los pasos de su dirigente fundamental y se sumaron al club que obtenía beneficios personales a cambio de tratos con el gobierno.

Esos pecados han hecho de Vargas Maldonado un político éticamente derrotado en la sociedad. Y si existen dudas que salga por las calles a preguntar.