Por Raymundo González

Pronto estarán en la Capital los campesinos de los parajes de San Francisco Vicentillo y La Culebra de la jurisdicción rural de El Seibo. Vienen marchando a pie desde sus comunidades como peregrinos a la Capital de la República. Por segunda vez desde 2019, su marcha concluye en el Palacio Nacional con la esperanza de encontrar la reparación justa a la situación que los mantiene en vilo, pasando calamidades y miserias, junto a la pérdida de la vida de un niño, cuando fueron despojados violentamente de sus tierras por orden de inescrupulosos que no tuvieron reparos en desconocer el mandato de la máxima autoridad ejecutiva del país.

Los terrenos reclamados por los campesinos despojados formaban parte de la porción de tierras que el 7 de enero de 1975 el entonces presidente Joaquín Balaguer, mediante el decreto del Poder Ejecutivo No. 486, declaró (art. 1) de “utilidad pública e interés social, para ser transferida al Instituto Agrario Dominicano y destinada a sus programas de Reforma Agraria, que incluyen principalmente el asentamiento de campesinos sin tierras”, cuya adquisición por el Estado dominicano, expresa el art. 3: “Se declara de urgencia que el Estado Dominicano entre en posesión del indicado inmueble, a fin de que se puedan iniciar en el mismo, de inmediato, los trabajos necesarios para los fines señalados en el Artículo 1 del presente Decreto”. Asimismo, el Art. 4 ordenaba al Abogado del Estado la ejecución de “la entrada en posesión por el Estado Dominicano del mencionado inmueble”, conforme a lo dispuesto por las leyes, indicando además la colaboración de la Comisión para la Aplicación de las Leyes Agrarias y del Instituto Agrario Dominicano (IAD).

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Los campesinos debieron esperar hasta el año 2016 la ejecución por parte del IAD, siendo favorecidas 613 familias por el programa de asentamientos de campesinos sin tierras, quienes se organizaron en la Asociación Mamá Tingó. Apenas dos años después fueron expropiados por manos privadas, con violencia y sevicia, destruyendo casas y cultivos, con acechanza y alevosía, con desprecio de la autoridad nacional, que disimulaba no ver los hechos. Estos abusos condujeron a varias denuncias locales, nacionales e internacionales ante la comisión de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Y dio origen también a la primera marcha de los campesinos desalojados del entorno del Palacio Nacional, en octubre de 2019, quienes realizaron una vigilia durante una semana en la Av. México, en la parte posterior de dicho Palacio, de donde fueron desalojados en horas de la madrugada con violencia policial. Los despidieron sin nada. Un informe de investigación catastral de las parcelas afectadas, ordenado a cuatro entidades del Estado a raíz de las reclamaciones campesinas de fines de 2019 –sin fecha, pero entregado en 2020—, dejó fuera las ejecutorias de la oficina del Abogado del Estado, a la que el decreto de 1975 ordenaba la ejecución de la adquisición urgente por parte del Estado, y concluye que “el proceso de expropiación nunca fue ejecutado”. Aún más, señala que esto permitió al latifundista “disponer de los inmuebles traspasándolos en favor de terceros, unos a compañías y a otras personas vinculadas”. De esa forma el informe indica la maniobra utilizada para escapar a la denominación de “latifundio” y, por tanto, a las implicaciones del Código Agrario Dominicano.

Sobre toda propiedad pesa una hipoteca social. Este principio está implícito en el Estado social, democrático y de derecho como define la Constitución dominicana nuestra organización estatal nacional; lo mismo que plantea esta doctrina democrática se reconoce en la Doctrina Social de la Iglesia.

Confiamos en que este segundo peregrinaje hasta el Palacio Nacional consiga el propósito de dignidad humana y justicia social que reclaman los campesinos sin tierra de las comunidades de El Seibo. Casi medio siglo de espera hace pensar que habrá personas con suficiente fuerza moral para conducir hacia el final deseado este justo reclamo.