París. Los periódicos nacionales no llegaron hoy a los quioscos en Francia a causa de una huelga, esencialmente del personal técnico y de distribución, en solidaridad con otro paro en la agencia AFP para presionar a la dirección, que quiere unificar y modificar los convenios colectivos.

La Confederación General de Trabajadores (CGT) de la sociedad de distribución Presstalis y de la patronal de las empresas de la prensa nacional (SPQN) convocó esta huelga para denunciar lo que denunció como “la destrucción de los convenios colectivos y del derecho social actual».

En un comunicado, la CGT afirmó que “todos los convenios colectivos, que protegen los contratos de trabajo, están en peligro”, y acusó en particular al Gobierno socialista y a la patronal Medef.   La protesta se organizó en solidaridad con otra huelga de 24 horas decidida ayer en una asamblea general por tres sindicatos de AFP, la CGT, Fuerza Obrera (FO) y la Confederación General de Cuadros (CGC, de personal directivo).

Según explicó a Efe una representante de la CGT en AFP, el paro se hace notar especialmente en algunas secciones, como economía, y en los servicios administrativos.   “Ha sido una advertencia” a la dirección de AFP después de la primera reunión de negociación el pasado jueves con los representantes del personal, una vez que se formalizó el pasado 30 de octubre la denuncia de los convenios colectivos que rigen en la empresa.

Mañana está programado un nuevo encuentro.   El presidente de la agencia, Emmanuel Hoog, había anunciado el pasado verano su intención de acabar con los 117 acuerdos de empresa para las diferentes categorías del personal y unificarlos.   Esa unificación se haría, entre otras cosas, saliendo de los convenios negociados conjuntamente por las empresas del Sindicato de la Prensa Diaria Nacional (SPQN), al que hasta ahora está asociada AFP, y sustituirlos por el de la Federación Francesa de Agencias de Prensa (FFAP), que los trabajadores ven como menos favorable.

Una vez formalizada la denuncia de los convenios -que los sindicatos consiguieron retrasar por razones formales-, la dirección y los representantes de los empleados tienen 15 meses para negociar antes de que dejen de aplicarse.