Los presidentes de la Junta Central Electoral (JCE) Julio César Castaños Guzmán, y del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) Pedro Brache, coincidieron en la urgencia que en los proyectos de leyes de Partidos y del Régimen Electoral se erradique definitivamente la posibilidad de que recursos ilícitos permeen la actividad política.
Castaños Guzmán propuso que sean declaradas y penalizadas, como contribuciones no lícitas para las campañas y precampañas electorales, las provenientes de los contratistas gubernamentales que durante el proceso electoral ejecuten obras del Estado.
Durante una conferencia magistral en el “Foro Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas”, el presidente de la JCE justificó su propuesta en el sentido de que las obras establecen una corriente de gratitud que desequilibra el proceso.
Sugiere además campañas electorales más cortas, de no menos de cuatro meses, a partir de la proclama, antes de las elecciones.
De igual modo, ponerle un límite a los gastos de campaña, ya que principios económicos elementales, como la Ley de los Rendimientos Decrecientes, sirven de advertencia para que se enjuicien la necesidad real de no emplear irracionalmente tanto dinero sin estar presupuestado.
Señaló que desde 1998, cuando se inició el financiamiento público hasta la fecha, al amparo de la Ley 275-97, el Estado ha entregado a los partidos políticos reconocidos RD$12,220,000,000, suma que ascenderá a las elecciones de 2020 a no menos de RD$15,680,443,394.
Insta romper radicalmente con las prácticas corruptas de enriquecimiento ilícito, a través del ejercicio de la política, que desencanta a jóvenes, quienes terminan abominando estas prácticas inmorales y clientelistas, desencantados por este obrar que desaloja cualquier criterio de ciudadanía y torna a los partidos en meras agencias para dispensar favores de compromiso electorero.
Consideró que el mismo asistencialismo interesado de parte de los gobiernos en medio de las campañas electorales viene a ser muchas veces, por su inoportunidad, un elemento perturbador en medio de los procesos electorales.
Para garantizar el equilibrio en la campaña, propuso que no se concentren injustamente las posibilidades de participación en los medios, por lo que dijo que tanto esta participación como la realización de las encuestas sea reglamentada, a fin de que los votantes tengan la posibilidad de escuchar todas las plataformas de la oferta electoral, sin exclusiones caprichosas e interesadas.
“Entendemos pertinente proponer que sean declaradas y penalizadas como contribuciones económicas no lícitas para las campañas y precampañas electorales las provenientes en todas sus formas de los contratistas gubernamentales que durante el período electoral se encuentren ejecutando obras del Estado, en tanto estas obras, ganadas con o sin concurso, establecen por la propia naturaleza humana una corriente de “gratitud” dinámica, que sería desequilibradora de la justicia de las elecciones”, expuso.
De la misma manera propone que se establezca el debate electoral entre los candidatos presidenciales, ya que podrían provocar la reducción del gasto y la población debidamente edificada.
Régimen consecuencia. Consideró pertinente un régimen de consecuencias que permita que todo el articulado de la Ley 275-97 referente a los delitos y crímenes electorales no sea letra muerta.
Lamenta que bajo la legislación actual no se haya hecho el primer sometimiento judicial, y mucho menos que se haya condenado a nadie por la comisión de estos hechos delictuosos castigados por la ley, tanto porque se trate de una práctica aislada o generalizada.
El Conep. De su lado, el presidente del Conep, Pedro Brache, sugirió establecer un sistema de financiamiento mixto con aportes públicos y privados, que establezca de manera clara los topes de los aportes y condiciones para el acceso a los mismos.
Reiteró que es vital la aprobación y puesta en vigencia de un nuevo marco legal, que regule los procesos electorales y la actividad política por lo cual se hace necesario trabajar desde el diálogo y el consenso, para lograr la participación de toda la sociedad en las transformaciones que permitan fortalecer la institucionalidad democrática del país.
El foro fue realizado en el Garden Tent del hotel El Embajador, contó con la presencia de los principales líderes empresariales, políticos y sociales del país.
La actividad reunió a expertos que debatieron sobre los puntos que deben quedar establecidos en la legislación que se apruebe, con respecto al tema de financiamiento de campañas.