Hoy 
Todo el tinglado de sobornos, complicidades y degradación del liderazgo político que caracteriza el proceso sobre Odebrecht tiende a preguntarnos sobre los potenciales presos y el grado de responsabilidad penal. Especialmente, en el contexto de la realidad nuestra porque en otros países, el carácter efectivo de las persecuciones llegó a expresidentes, ministros, congresistas y empresarios.
Como fenómeno de corrupción trasnacional, en los últimos cincuenta años, en la región no conocíamos un mecanismo perfectamente articulado para garantizar licitaciones victoriosas que terminaron en fuentes de financiamiento de campañas electorales y modalidad de desvío de fondos públicos a bolsillos de connotados miembros de la clase política. No obstante, los paralelismos respecto de las velocidades del proceso penal en otros países y sus consecuencias, crean toda una ambientación de incredulidad local debido a una fatal tradición de complicidades entre la estructura judicial y el poder político que, en la actual coyuntura, se agrava en la medida que se asocian las acciones fraudulentas a rostros del tradicional sistema partidario.
Odebrecht operó en el país con un grado de articulación con figuras importantes de las organizaciones políticas que en el Congreso y Poder Ejecutivo resultaban clave para el “éxito” de la empresa brasileña. Inclusive, la figura esencial del entramado empresarial, Marco Vasconcelos Cruz se desenvolvía con bastante libertad alrededor de ministros, senadores, diputados, candidatos y líderes partidarios que recibían aportes económicos o le visitaban en su apartamento de la torre Boticelli.
Por eso, el juego de simulación que caracterizan las medias verdades de todo el proceso investigativo tiene como muro la dura realidad de que pocos están libres en la relación de la empresa brasileña/clase política. Así se entiende el “extraño” silencio y la urgencia de buscar una salida jurídica negociada.
Para el PLD es esencial la búsqueda de una solución revestida de legalidad que anule el tema de Odebrecht como el elemento de descalificación. La verdad es que la batalla mediática librada coloca al partido oficial en desventaja debido a que, en principio, creyeron que las voces gubernamentales instaladas en los medios de comunicación podían ganar una batalla difícilmente controlable porque en la jurisdicción donde se desarrolla la mano del poder local es ineficiente al no administrar los resortes reveladores de la verdad. Y en ese orden, aquí tendrá que asociarse a exponentes del variopinto partidario hoy en la “oposición” dentro del proceso penal para expandir la ola de culpabilidad y no dejar las consecuencias punitivas en el ámbito del partido gobernante.
Caerán presos!. Los niveles de responsabilidad no dejan espacios a la duda y la información proveniente de Brasil establecerán las manos que recibieron sobornos.
Ahora bien, todavía localmente no terminamos de deslindar los campos entre el origen de todo que es la operación Lava Jato y los sobornos, financiación de campañas electorales y honorarios de los publicistas políticos.
De paso, toda la estructuración legal que tiene como objetivo básico salir lo menos dañado de la fase de persecución iniciada por las autoridades brasileñas olvidan la causa oficializada el pasado 21 de diciembre por el Departamento de Justicia que siempre tendría la posibilidad de procesos en esa jurisdicción.
Aunque no simpatizo con las características del acuerdo validado por un juez con la empresa Odebrecht, siento que sirve de alfombra tranquilizadora ante la posibilidad de que, hacia donde apunta todo el peso de la persecución, no confiese secretos de poder y colaboraciones esenciales en horas cruciales.
