En la República Dominicana, la proporción del gasto público destinado al financiamiento de la educación pre universitaria y superior está consignada en tres leyes: Ley de Educación No. 66-97, Ley 5758 sobre Autonomía, y Ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

Si leemos con detenimiento el contenido de esos tres edictos, nos daríamos cuenta que en sus formulaciones tuvieron que haber intervenido personas muy versadas en materia de educación y de economía. Y, efectivamente, así fue.

¿Es que el estado actual de nuestra economía no permite el cumplimiento de esas tres leyes en cuanto al financiamiento de la educación se refiere?

Sí, siempre y cuando la educación haya dejado de ser, sí es que una vez lo fue, una prioridad para los que mandan.

El 4% y el 2% PBI es el promedio de gastos en educación pre universitaria y superior, respectivamente, de los países de la América española.

El sistema dominicano de instrucción pública es el peor financiado entre los sistemas de los países de esa parte del mundo: 1.9% del PBI para la educación y el 0.003% para la educación superior.

En algunos países de América, el porcentaje del presupuesto destinado al financiamiento de la educación pública es materia constitucional.

En la Asamblea del Foro por la Reforma de la Educación celebrado a finales del año 2006 propusimos que aquí también fuera así. Nuestra propuesta fue aprobada por aclamación por todos los participantes en dicho cónclave. Pero todo quedó ahí.

Como en la UASD, los presupuestos de las secretarías de Educación y de Educación Superior deben ser elaborados teniendo en cuenta las leyes que rigen en la materia. No importa que después Hacienda haga de las suyas.

Así nos será más fácil medir las fallas y atenuar las malas consecuencias de las aplicaciones de presupuestos mermados. Lo que no debemos de hacer nunca es desdecirnos a nosotros mismos, desandando los pasos que dimos.

Es que los afanes de entonces no deben dejar de ser enlazados a los anhelos presentes.

El proyecto de Presupuesto de Ingreso y la Ley de Gastos Públicos del 2009 se eleva a la suma de 329 mil millones, 29 mil millones más que el año actual. Todas las secretarías de Estado tendrán que desenvolverse con el mismo presupuesto del año 2008. La cartera de Educación recibirá 26 mil, 789 millones, el equivalente al 8% del Presupuesto Nacional y a menos del 2% del PBI. Ese presupuesto no alcanzará para la puesta en práctica de innovaciones y las inversiones de capitales requeridas. Nuestro sistema de instrucción pública continuará siendo el peor financiado de la América española, y, en consecuencia, continuaremos ocupando los últimos lugares en cuanto a la calidad de educación se refiere.

En Educación Superior, la situación se tornará mucho más calamitosa. Con una inversión de sólo 0.003 del PBI, nuestras instituciones de educación superior no podrán formar en cantidad y calidad los técnicos, artistas, profesionales y científicos que demanda un mundo globalizado de mercados abiertos a la competencia internacional.