POR JESÚS DE LA ROSA
Es a través de la Secretaría de Educación y de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología que el Estado dominicano canaliza los recursos provenientes de la Hacienda pública destinados a la formación educativa, científica y tecnológica de los ciudadanos.

El Presupuesto de Gastos Públicos de la República Dominicana para el año 2005 se eleva a RD$206,593.9 millones, de los cuales la Secretaría de Educación recibirá 16,587.70 millones de pesos (8% del gasto total y 1.4% del PBI) en tanto que la Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología dispondrá de partidas presupuestarias por un monto de RD$2,060.00 millones (0.9% del gasto total y poco menos de 0.08% del PBI)

El monto del presupuesto de la Secretaría de Estado de Educación es un 50% menos del consignado en la Ley General de Educación; en tanto que el de la Secretaría de Estado de Educación, Superior, Ciencia y Tecnología no supera el del 20% de lo legalmente establecido.

En términos porcentuales, los presupuestos de la Secretaría de Educación y de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología descenderán este año a los niveles en que se encontraban a principios de la década de los años 90 del siglo pasado.

El sistema de educación pública de la República Dominicana continuará siendo el peor financiado de la América española.

La Secretaría de Educación tiene programado para el año 2005 fortalecer los programas de capacitación magisterial; eficientizar la práctica docente; iniciar el programa de educación bilingüe; reducir la tasa de analfabetismo en la población de adultos e integrar a la comunidad en los procesos que se gestan en el sector educativo; también, ampliar la cobertura de la educación inicial, básica y media, construir y reparar miles de aulas; equipar los liceos y los institutos politécnicos, dotándolos de bibliotecas actualizadas y de equipos de cómputos y de laboratorios.

Entendidos en la materia son de opinión que el presupuesto de la Secretaría de Educación de este año apenas alcanzará para pagar la nómina; edificar y reparar aulas; y celebrar unos que otros eventos de cierta importancia.

La escuela dominicana es un entramado de positivismo, modernismo y posmodernidad. Aquí, las desigualdades de oportunidades educativas son muy profundas. Disponemos de escuelas y colegios privados, de una universidad estatal y de algunas universidades privadas que poco tienen que envidiarles a sus pares de otros países; pero, miles de niños y jóvenes dominicanos o no están escolarizados o tienen que asistir a escuelas deterioradas y servidas por maestros de formación muy limitada. Problemas como el de baja cobertura, deserción, sobreedad, y analfabetismo que debimos superar en la década de los años 90 todavía figuran en nuestra agenda.

Por la falta de un presupuesto adecuado, el sistema de instituciones de educación superior de la República Dominicana deberá este año superar muchas dificultades para satisfacer la demanda de mano de obra calificada; producir conocimientos y difundir la cultura.

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología deberá en el año 2005 promover tres objetivos específicos: ampliar el acceso de los jóvenes a las universidades y a las demás instituciones de educación superior; mejorar la gestión de las instituciones de educación superior en términos de pertinencia y calidad; y reforzar los vínculos entre la educación superior y el mundo del trabajo, principalmente haciendo frente a los desafíos que plantea el creciente desempleo. Pero, al igual que ocurre con la Secretaría de Educación, se duda que esas metas puedan ser alcanzadas

En uno de sus primeros discursos, refiriéndose al espinoso tema de las desigualdades de oportunidades educativas, el presidente Leonel Fernández dijo: «Una de las metas que nos proponemos en el trascurso de estos cuatro años en materia educativa es que la educación pública pueda tener los mismos niveles de calidad de los mejores colegios privados de la República Dominicana» Y, una de sus promesas de campaña fue la de convertir la Universidad Autónoma de Santo Domingo en uno de los mejores establecimiento de educación superior de la América española.

Es en el presupuesto nacional donde se reflejan las prioridades sociales y económicas de un gobierno por lo que cabe preguntarse: ¿Qué impidió que en la formulación del Presupuesto de Gasto del gobierno del presidente Fernández para el año 2005 no quedara reflejado el deseo del mandatario de financiar un sistema de instrucción pública acorde con la demanda de los nuevos tiempos?

La respuesta es sencilla: el crecimiento de la deuda pública ocasionado por deudas irresponsablemente contraídas por el gobierno anterior obligó al gobierno del presidente Fernández a proyectar para el año 2005 una reducción de los gastos en salud y en educación a niveles inferiores a los registrados a principios de la década de los años 90, cuando se destinaban 2.5% y 1.8% del PBI, respectivamente.

Las exigencias de ajuste estructural de parte del Fondo Monetario Internacional se tradujeron en reducciones presupuestarias cuyo impacto afecta a los sectores más desprotegidos.

La reducción del gasto en educación es un efecto directo del impacto del servicio de la deuda pública que en este año absorberá el 7.o7% del PBI; alrededor de RD$64,000.00 millones.

El monto de la deuda pública ascendió el año pasado al 53% del PBI lo que índica que la capacidad de endeudamiento de la República Dominicana ya está agotada.

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional contempla para finales del 2006 reducir al 45% del PBI el monto de la deuda por lo que el pago de los intereses y las amortizaciones son una prioridad en el presupuesto del gobierno para este año.

El presupuesto de gastos del gobierno fue elaborado en un contexto de crisis económica; tuvo que ser formulado sobre la base de medidas que fueran compatibles con el nuevo acuerdo stand by que el gobierno del presidente Fernández se dispone a firmar con el Fondo Monetario Internacional en procura de un saneamiento de las finanzas públicas que nos permita avanzar en términos económicos.

Es de esperarse que en este año, bautizado como «Año de la Reconstrucción » la economía dominicana logre recuperarse de manera que permita al gobierno del presidente Fernández incrementan los niveles de inversión en educación y en salud pública.

Si analizamos el presupuesto de educación para el año 2005 desde otro punto de vista que no sea el referido a los parámetros internacionales de gastos e inversiones de los gobiernos en el sector educación, nos mostraríamos menos pesimistas frente al hecho de no disponer de un presupuesto adecuado.

El año pasado el presupuesto de la Secretaría de Estado de Educación contemplado en la Ley de Gastos Públicos alcanzó RD$12,770.00 millones de pesos ( 10.6% del gasto Ttotal del gobierno y 1.9% del PBI) Pero, de ese presupuesto apenas se ejecutó un 60 %. Es decir, el gobierno dominicano invirtió en educación en el año 2004 RD$7,662 millones.

Este año el presupuesto de la Secretaría de Educación es de RD$16,587.70 millones (8% del gasto total del gobierno y 1.4% del PBI), es decir, 2.6% menos del gasto total del año 2004 y 0.5% menos del PBI de ese año. No obstante, el presupuesto de educación, en términos absolutos, registró un aumento de RD$ 3,817 millones de pesos con respecto al año 2004. Y si el presupuesto de educación se ejecuta en su totalidad, la Secretaría de Educación habría dispuesto en el año 2005 de más del doble del monto de recursos financieros que dispuso en el año 2004.

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología puede, con el presupuesto de que dispone, alcanzar algunos objetivos precisos para el proceso de reforma del sector, entre lo que cabe mencionar los siguientes: una articulación más estrecha entre la formulación de políticas de educación superior y las prioridades nacionales de desarrollo; la innovación curricular y el correcto uso de los recursos.

Gestión y financiamiento de la educación son temas que se encuentran firmemente vinculados. En el marco de la crisis económica que nos afecta, una de las estrategias para enfrentar la escasez de recursos debe ser la de mejorar los sistemas de gestión de nuestras instituciones educativas.

Aunque el propósito de hacer más eficientes los procesos de gestión resultan positivos, su subordinación ante el marco de las restricciones financieras en algo que siempre se ha impuesto sobre el quehacer de las instituciones educativas.

Como resultado de la aplicación del Plan Decenal (1993-2003) nuestro sistema de educación experimentó algunos cambios. Tanto en el ámbito de las disposiciones que emanan de la propia Secretaría de Educación, como en el nivel de los centros escolares públicos y privados, es posible señalar que en los diversos procesos de gestión se encuentran en una profunda fase de redefinición y que en ésta se manifiestan ciertas tensiones entre el concepto que sostienen los grupos hegemónicos y el de los diversos actores de las propias instituciones. Por un lado, se tiende hacia la incorporación de formas complejas de supervisión estatal y a la integración de mecanismos de mercado en la construcción de las decisiones en materia de educación; y, por otro, persisten formas de resistencia de parte de los mismos actores de los centros escolares, lo cual manifiesta la insuficiencia de los mecanismos de consenso en torno a las decisiones que habrían de tomarse.

En el seno de la propia Secretaría de Educación existe una tensión entre los enfoques que privilegian la verticalidad y la jerarquización en la construcción y ejecución de las decisiones y los mecanismos tradicionales de gestión, que, sustentados en formas colegiadas y corporativas de decisión, dan cabida a ineficiencias y desviaciones.

A pesar que por imperativo económico, los presupuestos de educación han tendido a retrotraerse a los niveles en que se encontraban a principios de los años 90, hoy contamos con ejecutivos, gestores, técnicos y docentes con mucha más preparación; también con una superestructura tecnológica que no teníamos antes, por lo que ha de esperarse que podamos sortear con éxito las dificultades que surjan de la aplicación de un presupuesto exiguo.