MADRID. AFP. Desde ginecólogos hasta juristas, pasando por neuropsiquiatras, varias organizaciones profesionales de la sanidad se han movilizado contra la reforma que casi suprime el aborto en España, rechazando «volver a la época franquista».

El gobierno conservador de Mariano Rajoy ha desencadenado una tormenta entre los colectivos de izquierda y feministas de Europa al aprobar un proyecto de ley que prácticamente suprime el aborto en España, salvo en caso de peligro para la salud física o psicológica de la mujer, o de violación.

La actual ley del aborto, aprobada en 2010 durante el gobierno socialista, autoriza la libre interrupción del embarazo hasta la 14ª semana y hasta la semana 22 en caso de malformación del feto.

«Estamos sobre todo centrados en que la ley no salga», explicó a la AFP Isabel Serrano, antigua presidenta de la Federación Nacional de Planificación Familiar y coordinadora de «Decidir nos hace libres», un colectivo que reúne a más de 300 asociaciones.

Pero, si el texto se aprueba en el Parlamento, «seguro que va a haber sectores sanitarios, digamos insumisos, que no van a cumplirlo o incluso algunas comunidades autónomas porque se ha hablado que Cataluña, Galicia, Extremadura, Andalucía no lo aplicarán».

Con gritos de «¡Aborto legal para no morir!», unos 150 profesionales de la salud procedentes de varias de estas regiones entregaron simbólicamente el jueves 200 «peticiones de asilo sanitario» a la embajada de Francia en Madrid.

«Hemos elegido Francia porque representa a países europeos donde existen leyes de plazos razonables que respetan las decisiones de las mujeres», explicó Serrano.   Para Silvia Aldavert, coordinadora de planificación familiar de Cataluña, en el noreste del país, «la primera lucha es intentar conseguir que la mujer no tenga que irse fuera» para abortar.

Antes de 1985, con la primera ley que autorizó el aborto en caso de peligro para la salud mental o física de la madre, violación o malformación del feto, las mujeres españolas viajaban a Londres o Amsterdam, gracias a «redes de apoyo en todos sentidos, desde información, asesoramiento, acompañamiento, apoyo económico, apoyo en viaje», explica.

Con la reforma, «prácticamente el 90% de la mujeres que abortaban hasta ahora quedarán fuera, no podrán abortar. Tendrán o que irse al extranjero y pagárselo, o hacer un aborto clandestino y jugarse la vida», deplora esta militante de los derechos de la mujer.

«Todo eso es para los neoconservadores. Esta gente sostiene que desde el momento de la concepción hay una vida humana. Nosotros entendemos que el ser humano es el que ha nacido», explica a la AFP el doctor Santiago Barambio, de la Clínica Tutor de Barcelona, uno de los padres de la ley de 2010.

Este médico cuenta «con el rechazo en Europa de personas como la ministra francesa de igualdad», Najat Vallaud-Belkacem, que ha mostrado su deseo de que el debate se extienda al Parlamento Europeo, y con el rechazo al proyecto de muchos miembros del gobernante Partido Popular (PP).

El PP cuenta con la mayoría absoluta en el Parlamento español, pero algunos de sus responsables ya han criticado esta ley, como es el caso de los presidentes regionales de Extremadura y Galicia.

Mientras tanto, las iniciativas y las declaraciones no dejan de multiplicarse. La asociación española de neuropsiquiatría (AEN) denunció «una instrumentalización de los psiquiatras para intentar revestir de una patina científica la ideología de algunas personas».

La reforma prevé el acuerdo de dos psiquiatras diferentes para autorizar el aborto.   Seis organizaciones miembros de la Sociedad Española de Salud Pública (Sespas) y la asociacion española de diagnóstico prenatal (AEDP) también se alarmaron por los riesgos para las mujeres.

Une asociación de mujeres juristas, Themis, prepara un texto exigiendo la retirada del proyecto de ley porque «va a generar más problemas y se va a volver a una ley de las más restrictivas de Europa», según una portavoz.

El primero de febrero, un «tren por la libertad» llegará a Madrid con militantes del norte de España.