Llama a preocupación el silencio que ronda alrededor de la acción de nulidad incoada por lo más representativo del sector privado dominicano y la Dirección General de Aduanas ante el Tribunal Constitucional, en contra del contrato para instalar y operar equipos de Rayos X en todos los puertos del país, que otorgó el gobierno de entonces, en el año 2002, a una empresa que, entre lo mejor que se podría decir de ella sería que carece de cualquier tipo de experiencia conocida en materia de seguridad de la Cadena Logística de Suministro. Previamente, la DGA había tomado la acción de impugnarlo ante el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, en el año 2008.

Para poner en contexto cada cosa, quisiera suponer que las autoridades de entonces, incluido el Senado de la República, fueron sorprendidas en su buena fe; o que hubo un acto momentáneo de ingenuidad colectiva; pues solo así se podría explicar que se pretendiera colocar en manos de una firma privada la seguridad del Estado, y el establecimiento de un oneroso e inaplicable sistema tarifario que va desde el absurdo de pretender cobrar US$95.0 dólares por cada contenedor con carga de importación o de exportación, y US$26.95 por cada contenedor vacío que entre o salga del país.

El Contrato fue firmado por el entonces Secretario de las Fuerzas Armadas a favor de la I.C.S.S.I, sin reparar en detalles decisivos.

El Tribunal Constitucional, el Senado de la República, el sector empresarial dominicano y la sociedad en general, deben saber que, en función del flujo de comercio actual, que es de unos 345,000 Teus (un teus equivale a un contendor de 20 pies) al año, el leonino contrato generaría ingresos cercanos a los US$27.6 millones de dólares, sin incluir el cobro previsto a contenedores vacíos (US$25.0), a los consignados en tránsito (US$40.0), y a los vehículos (US$25.0 a US$90).

El cálculo tampoco incluye el cobro del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados (ITBIS), lo que elevaría de US$80.0 el costo promedio por contenedor lleno, hasta los US$94.4; esto es, US$106.2 los contenedores de 45 y 40 pies, hasta los US$70.8 los de veinte pies.

Si se incluyeran todas las figuras, habría que agregar otros 34.3 millones de dólares anuales, lo que elevaría los potenciales ingresos del a I.C.S.S.I. a más de US$61.9 millones de dólares. Tan bueno es el “negocito” que los “inversionistas” comenzarían a obtener ganancias al mes de haber iniciado las operaciones de los equipos. Para mayores garantías aún, el Contrato establece que el Estado dominicano deberá asumir el pago por el equivalente al 90% del total de contenedores que no hayan sido inspeccionados por los equipos Rayos X.

Por el primer período de operaciones de 10 años que supone la concesión los “inversionistas” tendrían garantizada la friolera mínima de US$619 millones de dólares, sin tomar en cuenta el crecimiento del comercio. El ordeño a mansalva de los países como el nuestro se suele llevar a cabo bajo tales figuras.

Hay que calificar de honorables, verdaderos defensores del interés nacional, los tres Directores Generales que se han sucedido en el mando de la gestión aduanal en los últimos 10 años. La actitud de negarse resueltamente a reconocer el abusivo contrato, en un abierto desafío a pretensiones y presiones locales e internacionales de todos los niveles, establece una positiva impronta en el sentido de que, cualquiera que lo valide, se manchará sin remedio. Alguna vez tendrá valor y será honroso en este país enfrentar los actos bochornosos.

El coraje demostrado primero por Miguel Cocco Guerrero, luego por Rafael Camilo, y ahora por Fernando Fernández, satisface y supone una esperanza real. Sospecho que habrá habido un hilo técnico permanente que se haya ocupado de asegurarse de que esos tres eficientes funcionarios, asumieran el reto institucional de preservar con objetividad la coherente y firme oposición.

El gobierno dominicano, por vía de la DGA, está claro; y cabría esperar que la justicia, el Tribunal Constitucional, haga lo mismo y se coloque a la altura de las circunstancias. Ojalá y pudiera hacerlo aún el Senado, que parece empeñado ahora en promover la competitividad del país.

El unánime rechazo al contrato que han expresado reiteradamente los sectores productivos locales, desde el Sector de Zonas Francas, los Exportadores, los Navieros, hasta los Agentes Aduanales, y la propia DGA, es más que un llamado a la reflexión.