Hace unos días apareció en la primera plana de este periódico la noticia de la adquisición a través de una subasta pública, por la suma de 23 millones 613 mil 392 pesos, de algunos relojes pertenecientes al puertorriqueño Figueroa Agosto preso en Puerto Rico bajo la condena de narcotráfico, por cinco jóvenes inversionistas dominicanos.

 En declaraciones separadas relativas al mismo tema, un abogado reconocido, asesor del Poder Ejecutivo en materia de drogas, dijo que favorecía que los terrenos incautados a narcos sean destinados a planes de reforma agraria y social del Estado, aunque luego los beneficios sean distribuidos a las dependencias del Estado que trabajan en el combate y prevención del narcotráfico. 

Es una ilegalidad y vergüenza a la vez, ya que considero que no es por ignorancia, que en ningún momento se haya mencionado la entrega de este dinero o de otros bienes incautados a la tesorería de la Seguridad Social como ordena la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

La referida ley señala en su artículo 20 sobre fuentes de financiamiento estatal en sus acápites e, f, g, h, i, j y k, lo siguiente: “serán entregados a la Seguridad Social los impuestos a los juegos de azar autorizados; los patrimonios sin herederos; los bienes confiscados por sentencia definitiva a los traficantes de drogas, de contrabando o de cualquier otro origen; las utilidades obtenidas por las empresas públicas capitalizadas; recursos extraordinarios de fuentes nacionales e internacionales para apoyar la reforma del sector salud y la rehabilitación y desarrollo de la infraestructura pública, y los impuestos correspondientes a los beneficios obtenidos por las Administradoras de Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos de Salud y las empresas proveedoras de servicios de salud, entre otros”.

Es una lástima que el rector del Sistema Nacional de Salud que por la Ley 42-01 es el Ministro de Salud, al igual que el Ministro de Trabajo, que es el Presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, ni su Gerente, ni ningún otro ejecutivo del sistema, hayan reclamado en esta ocasión, como en muchas otras anteriores, la entrega de la suma recaudada por estos acápites para reforzar la tambaleante seguridad social que tenemos.

Debemos recordar que el componente contributivo-subsidiado aún a más de 10 años de promulgada la ley de seguridad social no ha sido ni siquiera estudiado por las actuales autoridades del Sistema Nacional de Salud, en que aproximadamente el 56% de la población trabaja por cuenta propia, pero no le permiten el derecho a pertenecer a la Seguridad Social.

Recordemos que en el componente subsidiado que se les ofrece a las familias con ingresos por debajo del salario mínimo, o por debajo de la línea de la pobreza, solamente están debidamente afiliadas 506 mil personas si dividimos por el monto del Plan Básico de Salud lo destinado a ese componente  en la ley de gastos públicos y presupuesto de la nación.

Faltan instalaciones de estancias infantiles para ofrecerles cuidados y protección a los hijos de los asegurados, y así rendirles sus precarios salarios al no tener que pagar por el cuido y la manutención de sus niños, además de controlarles adecuadamente su estado de salud con las vacunas y alimentación necesaria.

Se necesitan más voces que reclamen estos derechos adquiridos. Qué  lástima que este gobierno se haya olvidado de la mayoría del pueblo trabajador.

De esta manera no se contribuye con el desarrollo del país, sino por el contrario, a aumentar la delincuencia por de falta de oportunidades y de protección a las personas por parte de un gobierno indolente.