No está bien de salud una sociedad, como la dominicana, donde los escándalos se suceden uno y otro tras otro, como los capítulos de esas series televisivas que parecen no terminar nunca y que mantienen en vilo a quienes se someten a la interminable rutina de verlas diariamente.

El de ahora es el bochornoso caso del regalo de 27 millones de pesos que el administrador de la Lotería Nacional  hace a varios diputados para que éstos realicen labores de burdo clientelismo político.

Esos dineros del erario público se regalan de manera alegre, irresponsable, ilegal y hasta criminal a unos diputados que se auto asignan sus salarios y sus dineros para hacer campaña política.

Varios sectores de la sociedad dominicana expresan su estupor ante ese hecho. Algunas instituciones hablan de someter a la justicia al principal responsable del mismo. Sin embargo, si bien ese funcionario debe ser ejemplarmente castigado por la justicia por prevaricador, la principal sanción, la primera exigencia de manifestación de condena al bochorno debe ser a los partidos a los cuales pertenecen esos diputados, si no los sancionan y al jefe del Estado que lo nombró, si no lo cancela de manera fulminante.

Parece que los señores legisladores de este país, senadores y diputados, son insaciables en su afán de disponer de los recursos públicos para sus particulares actividades políticas. El llamado Corralito, mediante el cual estos verdaderos depredadores de la cosa pública disponen de recursos al margen de la ley y de la ética para sus campañas, sus beneficios personales y políticos, constituye no solamente una afrenta para el país, sino un uso discrecional de los fondos del Estado de manera abusivo, del cual los verdaderos responsables son las direcciones de sus partidos, los principales funcionarios de la administración de la Justicia y el jefe del Estado.

La sucesión de esos escándalos, sin que se vea una voluntad de enfrentarlos y por consiguiente en detenerlos, es lo que resta credibilidad a la clase política dominicana, es lo que determina el generalizado rechazo al presente llamado a una Cumbre para discutir los problemas nacionales, no porque el mismo sea hecho por el Poder Ejecutivo, sino, es mi caso, porque tampoco la llamada oposición da muestra de querer enfrentar con seriedad los hechos de corrupción que corroen los cimientos de esta nación y por lo tanto, también ella está descalificada. Quienes dentro de esos partidos les interesa que las cosas cambien deben expresar su voluntad de sanción contra los responsables del presente escándalo, haciendo conciencia de que de una u otra manera son corresponsables de que se sucedan escándalos tras otros sin que nadie sea sancionado.

Circunstancia ésta que no puede ser desvinculada del generalizado y peligroso sentimiento de que si la Justicia no actúa debidamente contra los delincuentes, estos deben caer abatidos por su brazo armado y represivo erigido en justicia, en justicia callejera, en ley de la selva.

En eso termina cualquier sociedad huérfana de conducción y de instituciones carcomidas por la corrupción.