El gobierno y la nación dominicana confrontan grandes desafíos en este nuevo año que ha llegado entre augurios de mayores dificultades económicas nacionales e internacionales que las verificadas en el traumático 2008.

El primer reto para el presidente Leonel Fernández es revertir la pendiente resbaladiza en que su gobierno cerró el año la que lo obligó a ofrecer su primera rueda de prensa en sus últimos cuatro años y medio de gestión.

Para recuperar la iniciativa lo primero que debería hacer el mandatario es cumplir la promesa formulada a principio de diciembre pasado de convocar a las “fuerzas vivas” de la nación para trazar un curso de acción frente a la crisis económica.

Pendiente resbaladiza.  Para muchos observadores el primer desafío del gobierno en el nuevo año consiste en revertir la pendiente resbaladiza en que cayó desde la campaña electoral cuando hizo un abuso desproporcionado de los recursos del poder para lograr su prolongación, lo que conllevó a un elevado déficit fiscal que a su vez obligó a una política de contracción monetaria para contener los desequilibrios.

La elevación del gasto hasta en un 37 por ciento durante la primera mitad del año no estuvo exenta de escándalos como el de las nominillas con un total de 143 millones de pesos mensuales para pagar sueldos a los presidentes de los comités de base del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Lograda la reelección el gobierno tuvo que empezar a desmontar el enorme aparato de subsidios creado al calor del interés electoral, mientras el dinero no alcanzaba para cumplir sus compromisos de pagos con productores agrícolas, constructores y generadores eléctricos, generando inconformidades y una tanda de “apagones financieros”.   

En los últimos meses el gobierno no salió de un escándalo, los más relevantes el del desayuno escolar, la masacre de Paya con las denuncias  de complicidad e indiferencia y la vinculación de una decena de altos oficiales que le siguieron, los desistimientos del ministerio público en varios procesos por corrupción y los indultos a varios condenados por la misma causa, uno de ellos, incluso, designado asesor presidencial.

El contradictorio fallo de la Suprema Corte que rechazó recursos de inconstitucionalidad, aunque reconoció que la contratación con la Sun Land de 130 millones de dólares debió ser sometida al Congreso, los escándalos en la Cámara de Cuentas y la denuncia de que la remodelación del Palacio de Bellas Artes costó más del doble de lo que se informó oficialmente, también afectaron la imagen del gobierno.

Tampoco ayudó el discurso presidencial de septiembre y octubre de que “lo peor de la crisis ya pasó”, que “no veo como la crisis internacional pueda afectarnos” para concluir en diciembre reclamando a Estados Unidos que transparente toda la magnitud de una crisis que afectará a todo el mundo. El discurso de juramentación del 16 de agosto, cargado de promesas de grandes inversiones, contrastó con el de un mes antes que planteó una austeridad que incluía suspender todas las obras que no tuvieran en etapa final.

El reparto de cargos políticos entre agosto y noviembre y el proyecto de nueva Constitución considerado excesivamente presidencialista y conservador, generaron rechazos hasta en el partido de gobierno, donde crecieron las disensiones. Mientras el recrudecimiento del narcotráfico, la delincuencia y la violencia, incluyendo el récord de más de 450 muertos en el año a manos de la Policía Nacional, aumentaban la inseguridad.

Agenda específica

El éxito de una convocatoria a concertación nacional dependerá de la sinceridad con que sea concebida y de la disposición del primer mandatario a hacer concesiones a las fuerzas económico-sociales y políticas, siquiera en asuntos que han sido objeto de anteriores consensos.

Un llamado del Presidente siempre hallará algún eco en el  sector empresarial, las iglesias y parte significativa de las organizaciones no gubernamentales. Pero tendrá que ser promisorio y específico para que lo acojan el principal partido de oposición y las organizaciones sociales que tienen su propia agenda de reivindicaciones.

El encuentro nacional tendría que partir de propuestas para enfrentar las serias repercusiones que se esperan este año de la crisis económica internacional. El gobierno se encontraría con el reclamo general de que ajuste el gasto y ponga en práctica una real austeridad. No tendría sentido si persiste –por ejemplo- en obras que como el proyectado tren Haina-Santiago no han sido reclamadas por ningún sector.

El ajuste fiscal es visto como fundamental por los sectores económicos nacionales y los organismos internacionales para que las autoridades monetarias puedan desmontar las tasas de interés con el objetivo de incentivar las actividades productivas, sin hacer depender la estabilidad macroeconómica tan solo de la contracción del circulante.

Pocas posibilidades de materialización y éxito tendría un llamado a concertar que no incluya el respeto a la ley que destina uno de cada diez pesos del ingreso nacional a los gobiernos municipales y la que especifica que cuatro de cada cien pesos producidos deben destinarse a educación. En ambos casos el presupuesto del 2009 apenas supera la mitad.

En la sensible materia del combate a la corrupción no cabrían proclamas de “cero tolerancia” si el gobierno no dispone de inmediato el pleno cumplimiento de la ley que rige las compras, contrataciones y concesiones estatales.

Durante este año se desatará la lucha por las candidaturas para las elecciones legislativas y municipales previstas para el 2010, lo que hace imperativo un concierto entre las fuerzas políticas para materializar la postergada ley de partidos políticos y el reglamento de las campañas electorales que la Junta Central Electoral intentó sin éxito antes de los comicios presidenciales.

Tensiones acumuladas

Antes de que terminen las agradables temperaturas del invierno caribeño el gobierno tendrá que buscar alguna forma que le permita mejorar su promedio de bateo de la segunda mitad del 2008, reducir frustraciones y tensiones y así desmontar el escenario de protestas populares que ya muchos vaticinan.

Esa tarea no será nada fácil en un período de vacas flacas como el que se vive ahora para un gobierno que casi triplicó los ingresos fiscales en cuatro años gracias a tres reformas tributarias y consciente de que es imposible emprender una cuarta.

Un gran encuentro nacional podría abrir caminos para atravesar sin mayores confrontaciones el difícil 2009, pero para ello será  fundamental un desmonte del  mesianismo en que se ha colocado el presidente Fernández, atrapado en la vorágine tradicional de un presidencialismo que impide concertar hasta con su propio partido.

Si el objetivo es un nuevo listado de promesas que luego no se cumplen, como las numerosas realizadas el año pasado a los productores agropecuarios, se podría cosechar un fracaso, y aún un relativo éxito de corto plazo devendría en mayores frustraciones.

Si la convocatoria al encuentro nacional no es acompañada de una agenda específica de amplio interés para los diversos sectores y de un firme y sincero propósito de concertación, sería preferible que el gobierno no se exponga a un mayor descrédito. Pero algún grado de concierto tendrá que lograr el presidente Fernández, siquiera con su partido, o aplazar proyectos como el de la nueva Constitución.-

El gran encuentro

Además de su inusitada rueda de prensa del martes 30, el presidente Fernández se vio precisado a pronunciar dos discursos para responder cuestionamientos de la opinión pública, el del 17 de Julio cuando planteó un período de austeridad que no se ha cumplido, y el del 8 de diciembre, cuando reconoció la gravedad de la crisis económica internacional.

En su último discurso el primer mandatario prometió convocar en enero “un gran encuentro de todas las fuerzas vivas del país, para que entre todos podamos definir el curso de acción que como sociedad debemos seguir en estos momentos de adversidades, infortunios e incertidumbres”. 

Esa posible convocatoria chocaría con el presupuesto recién aprobado por el Congreso, definido por la oposición política y los economistas como deficitario y con un financiamiento externo desproporcionado y en gran parte sin identificación de fuentes. No se advierte cómo podrían las “fuerzas vivas” abocarse a discutir un curso de acción frente a la crisis económica internacional, sin incluir el presupuesto de gastos públicos.

Otro elemento contradictorio y fundamental será el proyecto  de nueva Constitución bajo consideración del Congreso Nacional, sobre el cual se han formulado decenas de observaciones. No hay manera de hablar de concertación política  y de proyecto de nación sin incluir la carta fundamental de la nación.  

Resalta que el proyecto tiene un sello personal del presidente Fernández, sin haber sido asumido ni siquiera por su partido. La pieza, que duplica el articulado de la Constitución vigente, es de los elementos que ha creado tensiones al interior del PLD. Algunos de sus legisladores han prometido acoger numerosas de las observaciones formuladas por instituciones políticas y sociales.