En el discurso del 22 de julio donde se resignó a la posibilidad de buscar otro período de gobierno, el presidente Danilo Medina delineó respuestas a los retos de su último año, resaltando el respeto a las normativas institucionales y auspiciar una campaña electoral limpia y de sana competencia que refleje la voluntad democrática del pueblo dominicano.
Para concluir bien su gestión de ocho años, el mandatario debería concentrarse también en concluir las obras en proceso, evadiendo iniciar las que no pueda ejecutar, evitando disparar el gasto fiscal que heredó, lo que le generaría gratitud y hasta condescendencia por los déficits más notables, como la corrupción y la impunidad.
Un desafío fundamental. Un desafío fundamental de Danilo Medina (DM), porque lo tendrá que enfrentar desde el inicio de la legislatura, es cumplir su propio discurso del 22 de julio último, cuando rechazó prolongarse en el poder, inclinándose ante imperativos institucionales y expresó que al terminar el segundo mandato “quiero salir a las calles a caminar como un ciudadano más y mirar a las personas a los ojos con la tranquilidad que dan el deber cumplido, la honradez y la humildad”. Podría demostrar que hay vida más allá de las poltronas presidenciales.
En su alocución a la nación, Medina manifestó tranquilidad de conciencia porque la reforma constitucional que auspició en el 2015 “reincorporó la modalidad que contaba con el más amplio respaldo en la sociedad dominicana, es decir, que un presidente pudiera optar por dos mandatos consecutivos”. Esa fórmula fue adoptada en la reforma constitucional del presidente Hipólito Mejía del 2002, y había sido señalada como preferida también por el presidente Leonel Fernández quien, sin embargo, la modificó en el 2010 en beneficio propio.
Ese será un reto para DM porque se teme que sus seguidores insistirán en la legislatura iniciada ayer en una nueva reforma de la Constitución con el objeto de permitirle que pueda volver a optar por la presidencia a partir del 2024, ya que la vigente establece, en su artículo 124, que el presidente “podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República”.
DM, quien ni siquiera insinuó la posibilidad de otra reforma constitucional para su beneficio, no puede permitir que la sociedad vuelva a la incertidumbre, con un debate de 11 modificaciones, impropio de un período con los legisladores en campaña por reelegirse.
Un liderazgo responsable. El presidente Medina no debería consumirse en un nuevo rechazo a la reforma constitucional al vapor, motorizada por el interés personal, y en cambio saldría por la puerta grande si hace prevalecer su convicción de que el “liderazgo responsable se muestra en los momentos complejos”, como proclamó el 22 de julio. Entonces llamó al liderazgo político a actuar en el proceso electoral “con la mayor responsabilidad y transparencia, para que avancemos en la consolidación de nuestras instituciones y que los resultados electorales sean un fiel reflejo de la voluntad democrática”. Confió en que habrá una campaña limpia y “regida por el civismo y la sana competencia”.
Nadie debe esperar que DM trabaje para que su partido pierda las elecciones, pero sí que evite la irrupción de los poderes del Estado en la campaña electoral, de lo que él mismo se dijo víctima cuando perdió la nominación presidencial para las elecciones del 2008 en que Leonel Fernández se reeligió. Puede comenzar por desmentir a quienes entienden que él inclinará el poder presidencial y estatal para imponer un candidato en su propio partido, sometido a un peligroso curso de división. Tiene la oportunidad de convencer a muchos opositores que lo creen incapaz de actuar como un estadista que sobrepone el interés nacional al propio.
La primera prueba la tendrá DM en mantener el Estado fuera de la competencia interna de su propio partido, y compensaría algunos de los déficits institucionales de las gestiones del PLD, si promueve la equidad en las campañas electorales, fortaleciendo una democracia que muchos diagnostican como adolescente. Y superaría a su rival interno, quien abusó del Estado hasta el punto que su sucesor se quejó de que solo recibió facturas.
Mantener equilibrio fiscal. Entre los retos que afronta DM en su último año de gestión está el mantener el precario equilibrio fiscal, sin disparar el déficits ni tensar más la cuerda del endeudamiento que según cifras de Hacienda, creció en 5 mil 664 millones de dólares, entre junio del 2018 a junio del 2019, para un incremento de 472 millones por mes, y 15.7 millones de dólares por día, que al 51 por dólar, implican 802 millones de pesos diarios.
La tentación de disparar el gasto será mayor si acaricia la idea de volver a ser candidato presidencial, porque entonces tratará de hacer hasta lo imposible para acumular gratitudes y lealtades. Tendría que romper la tradición dominicana de que los gobiernos dejan cientos y hasta miles de obras inconclusas, y extreman el populismo para abonar las posibilidades de retorno.
La conclusión de obras como la Presa de Monte Grande, la carretera perimetral de Santo Domingo, y la remodelación de una veintena de hospitales deberá estar entre las prioridades, al igual que la conclusión de las plantas eléctricas de Punta Catalina, que quedará como la gran frustración del gobierno de Medina y el peor ejemplo de corrupción. Ni hablar de nuevas contrataciones para obras más allá del año, a no ser que surjan emergencias.
Alegrías y penas de DM. Aunque el espectro de Punta Catalina le perseguirá por mucho tiempo, DM tiene la oportunidad de ganar indulgencias si se conduce en este último año como el estadista que necesita el país, con prudencia en lo político y lo económico. Tiene logros que reivindicar comenzando por haber mantenido el crecimiento económico por encima del 5 por ciento.
Pasará a la historia como el gobernante que más aulas escolares construyó, que acató el clamor popular por mayor inversión en la educación, con tanda extendida y almuerzo a los alumnos y mejoría del profesorado, además de haber continuado el legado de obras viales de su antecesor. Se le acredita el servicio del 9-1-1, la mayor atención y financiamiento a las pequeñas empresas y productores agropecuarios, haber logrado eliminar iniquidades como el contrato para explotar el oro de Cotuí y el de la Bahía de las Aguilas.
Su mayor déficit quedará en la corrupción y la impunidad, con escándalos de la dimensión de Odebrecht-Punta Catalina-financiamiento político, la reforma constitucional del 2015, de la OISOE, el CEA, OMSA, o Los Tres Brazos, desoyendo el clamor de justicia. También en la concentración del poder, para el manejo de la inversión, quedándose con más de 200 mil millones de pesos que según la ley correspondían a los ayuntamientos, y hasta con 5 mil millones de los municipios donde hay explotaciones mineras, además de casi la mitad de lo que se debió destinar a la justicia, el Ministerio Público y la educación superior.
La profunda crisis del sistema de salud y de la seguridad social, la inexplicable remodelación conjunta de 56 hospitales, incluyendo los mayores y regionales, la ineficiencia en el combate a la corrupción y en mejorar el transporte público y las viviendas populares y el fracaso en el sector energético, también pesarán en su contra. Además de haber llevado la deuda consolidada de todas las instituciones del Estado sobre los 50 mil millones de dólares y alrededor del 60% del PIB, y su persistente renuencia a rendir cuentas a la opinión pública.