Más de lo que podría corresponder a razones geológicas de origen natural, nuestros ríos han quedado fuera de control por culpa del hombre. Muchos cauces han sido peligrosamente modificados por la extracción de materiales y nada se ha hecho por corregir este daño, que podría estar contribuyendo a hacer más violentos los desbordamientos de algunos ríos. Otra causa que obstruye el curso de las aguas es la existencia de puentes demasiado bajos, que en épocas de riadas se comportan como diques al retener el paso de troncos y otros objetos arrastrados por las aguas y obligan a que el río se salga de cauce. El caso de Tamboril ilustra bastante sobre esto último.

La frecuencia de desbordamientos de ríos debe haber permitido a las autoridades estudiar la dinámica de estos procesos y detectar los puntos más vulnerables. Eso permitiría desalojar definitivamente a las familias que habiten zonas peligrosas y planificar la construcción de  muros de contención, puentes más altos, pequeñas presas y represas y otras obras que atenúen la violencia de los desbordamientos. Nuestros ríos están fuera de control y esto sin duda obedece a aumento de la frecuencia de las lluvias, pero sobre todo al daño causado a sus cauces y cuencas por extracción de materiales y deforestación. Aparte de eso hay zonas que no deberían estar habitadas y lo están. Hay que hacer algo.

Austeridad en el Poder Judicial

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa, ha dispuesto medidas de austeridad en esa institución. Parecería una decisión razonable en momentos en que la economía atraviesa dificultades. Sin embargo, el Poder Judicial tiene por delante muchas tareas pendientes, cuya ejecución no debería detenerse. Continuar mejorando el desempeño de la Justicia requiere inversión de recursos y habría que ver si la austeridad lo permitiría.

Se sabe que el presupuesto del Poder Judicial no es el que sus autoridades aspiraban. Desde el punto de vista de la insuficiencia, una reducción de gastos, o congelarlos a los niveles actuales, puede considerarse prudente siempre que tal decisión no interfiera con  el proceso de mejoramiento del desempeño judicial, materia en la cual todavía nos falta mucho por avanzar y corregir. Hay momentos en que una restricción de inversión y gastos podría hacer más mal que bien. Ojalá este no sea uno de esos.