La contaminación ambiental por ruidos continúa siendo el principal motivo de las miles de quejas y querellas que llegan a la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales provenientes de distintos puntos del país, principalmente del gran Santo Domingo.
En los primeros seis meses de este año, ese organismo recibió 73,956 denuncias por diversos delitos, siendo la gran mayoría por ruidos.
Del total de querellas, 72,873 fueron en el Gran Santo Domingo, de las cuales 70,860 entraron a través del Sistema Nacional de Emergencia 9-1-1, ya que correspondían a ruidos.
Mientras que por el departamento antirruido de la Policía se recibieron 1,907. Las 106 restantes llegaron por usuarios directamente o vía telefónica.

Al ofrecer estas estadísticas, la procuradora para la Defensa del Medio Ambiente, Francia Calderón Collado, explicó que las denuncias llegan por ruidos producidos desde vehículos, plantas eléctricas y equipos de sonidos en viviendas y negocios.
Del total de expedientes a nivel nacional, se aperturaron 6,993. Sin embargo se archivaron 13,961 casos debido a que muchas denuncias son momentáneas.
“Se archivan porque muchas veces las denuncias hechas, por ejemplo a través del 9-1-1, son momentáneas, como un vehículo estacionado con equipo de música a todo volumen, cuando se llega al lugar ya se ha ido, o por conciliación de las partes, porque no se corresponde y otras razones”, explicó Calderón.
Otros casos. En cuanto a las demás denuncias ambientales, la funcionaria explicó que llegan en menor cantidad (menos del cinco por ciento del total) por corte ilegal de árboles, vertederos, extracción de materiales y tráfico de especies, las cuales tienen que ver con lugar de procedencia.
Por ejemplo, detalló que por tala de árboles llegan más de Peravia, Barahona, Duarte, Pedernales y en La Vega, Jarabacoa y Constanza.

Las condenas. En torno a las principales dificultades para judicializar los delitos ambientales, Calderón indicó que muchas veces las actas de la Policía o del Ministerio de Medio Ambiente llegan incorrectas, por lo cual los casos no se presentan ante el tribunal porque podrían perderse.

Informó que del total de los casos hay alrededor de un 30% que son judicializados. Sin embargo, reconoció que duran bastante en el tribunal. A la fecha hay más de 200 sometidos.
En cuanto a las condenas aseguró que tienen muchas y en particular destacó un proceso penal abreviado que se hizo este año al alcalde de La Victoria y al exalcalde a quienes condenaron al pago de 25 salarios mínimos y le quitaron un vertedero que producía contaminación atmosférica a las propiedades cercanas.

Agregó que tienen varias condenas por extracción de materiales de los ríos, por ruidos y corte de árboles. Apuntó que incluso hay personas que han ido a prisión por esos delitos.
Calderón no comparte el criterio de que las condenas son muy leves, aunque favorece la modificación de la ley para endurecerla y establecer penas acorde con el delito, ya que no todos son iguales ni producen el mismo daño ni efecto.
Señaló que existen otras leyes como el Código de Salud (42-01) que impone penas por delitos ambientales y que van desde 6 días hasta tres años de prisión, y multas desde un salario hasta 10,000 salarios mínimos. Si es empresa o una persona moral, hasta 20,000 salarios mínimos.
Conciliaciones. En los primeros seis meses se han conciliado 959 casos. Calderón defendió las conciliaciones porque evitan la reincidencia y que haya una consecuencia por el delito que hayan cometido.
“Si logramos eso sin ir a un tribunal, el Estado se economiza porque somos nosotros los que lo pagamos; es mucho dinero, mucho tiempo para dedicárselo a casos mayores”, dijo.