Un amplio sector de bajos ingresos que incluye asalariados del sector formal, pero también del área marginal de la economía caracterizada por mayor carencia de derechos y protección, ha escuchado de nuevo la defensa de su causa salarial asumida por el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu. Es justo que el notable crecimiento económico dominicano derive frutos hacia la escala ocupacional de peor situación por lo insuficiente de sus remuneraciones para cubrir el costo de la vida. De su lado, la representación empresarial que expone argumentos al respecto sostiene que en el país el empleo de la mano de obra incluye cubrir cesantía, pensiones y seguro médico que elevan el costo real y disminuyen rentabilidades, lo que podría influir notablemente en que muchas actividades económicas estén eludiendo regulaciones para seguir en el atraso de la capacidad productiva y evasión de impuestos.

Ante los factores citados como obstáculos para elevar remuneraciones, el Estado debe ejercer el liderazgo mediador que le corresponde en respaldo al equilibrio social y al interés colectivo, propiciando reformas que armonicen con mejores pautas la relación entre el capital y el trabajo y adecúen las coberturas de la seguridad social a los requerimientos de patronos y asalariados garantizando ingresos y jubilaciones dignos a los débiles. Los beneficios del crecimiento no deben seguir en pocas manos.

911: extensión y permanencia

Con la creciente presencia en el territorio nacional del Sistema Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad se solidifica una conquista social de primer orden. Útil inversión para que más ciudadanos de diferentes lugares obtengan respuestas a sus urgencias por eventualidades de varios tipos. Se trata de un servicio que exige mucho a quienes lo prestan, tanto en recursos y herramientas de calidad, como en profesionalidad y mística para que cada desempeño llene las expectativas.

El balance a estas alturas es positivo y la conservación de la buena marcha del 911 debe mostrar a través del tiempo que desde el Estado pueden aplicarse fórmulas de gestión que permitan las cruciales asistencias que merece el universo de los contribuyentes, quienes con sus aportes hacen posible el sostén de las instituciones públicas. A ellos se deben.