Ramón Báez Figueroa y Luis Álvarez Renta, dos de los principales imputados por el fraude del Banco Intercontinental, (Baninter)  anunciaron que apelarán la sentencia que los condena a 10 años de prisión por violación a la Ley Monetaria y Financiera y lavado de activos, respectivamente.

Báez Figueroa, antiguo presidente de Baninter,  manifestó que recurrirá la sentencia, ya que si las autoridades admitieron que el caso Baninter era sistémico y que las autoridades monetarias lo conocían, entonces no procede la condena de la pena máxima por violación a la Ley Monetaria y Financiera.

Dijo sentirse tranquilo por haber sido favorecido con la exclusión de los cargos por lavado de activos y abuso de confianza y negó que este hecho obedeciera a un proceso de negociación con las autoridades del Banco Central.

Por su parte, Alvarez Renta,  dijo que no entiende  por qué lo culpan de lavado de activo.

Dijo que si el principal acusado del caso, Báez Figueroa, lo exculparon de lavado de activos, a él no lo pueden culpar.

Mientras que los abogados de la Autoridad Monetaria y Financiera mostraron conformidad con algunos aspectos de la sentencia, pero afirmaron que apelarán  en lo tocante a la exclusión hecha a Báez Figueroa en cuanto al delito de lavado de activos.

En tanto el Ministerio Público,  representado por los fiscales Francisco García y Danny Germán Villanueva,  dijo que estudiará la decisión del tribunal   para determinar la decisión que asumirá en cuanto a la apelación.

Por su parte, el movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) dijo que “el hecho de que se haya producido una sentencia condenatoria contra varios de los implicados en el fraude de Baninter sienta un buen precedente en la larga lucha contra la corrupción y la impunidad, pero que la sentencia no le satisface totalmente”.

Javier Cabrera, director ejecutivo de PC, dijo que la sentencia debió ser más dura con los responsables del mayor fraude bancario de la historia dominicana.

Destacó, no obstante, que con este tipo de acciones se comienzan a crear las bases para que no siga imperando la impunidad y para que sectores económicamente poderosos sepan que la justicia también puede llegar hasta ellos.