La crisis político-electoral presente conecta con la falta de confianza y con una carga de suspicacias por no estar todavía desmenuzada en todas sus partes la anormalidad súbita que hizo colapsar la votación del 16 de febrero. Como se ve, el fracaso tiene convocados, y en busca de alternativas favorables, a los partidos políticos, a las juntas electorales y a la extendida presencia de la OEA como investigadora confiable. No es suficiente: el Gobierno debe emitir criterios en nombre del Estado, de cara a los contenidos del crucial debate en pie. Ha sido parte importante del activismo proselitista que ha gravitado controversialmente sobre el país, al menos como auspiciador del oficialismo partidario. No puede bastar con el tranquilizador discurso posterior a la fallida consulta con el que el Presidente se expuso respetuoso de lo constitucional para un regreso a la normalidad deplorando lo acontecido.

Pero las aguas de protestas, encabezadas por jóvenes tras el golpe al electorado, están más encrespadas que antes. Desde el poder debe ejercerse un liderazgo sin banderías y con apego institucional. Lo que desde allí se asuma en atención a preocupaciones colectivas debería conocerse. Callar desde el inefable presidencialismo deja al país sin un importante interlocutor; peor si por añadidura el trance que con sus repercusiones envuelve a amplios sectores no ocupa suficiente espacio en el mensaje del próximo 27 de febrero.

Complicaciones  superables

Las muertes por enfermedades coronarias en el país en el año 2017, un 35% de todas las registradas, tienen que preocupar sensiblemente, pues la mayoría de los decesos son atribuidos por especialistas a complicaciones surgidas en los pacientes después de sufrir ataques arteriales sin que con posterioridad haya mejorado el acceso de la gente pobre a la atención cardíaca especializada en la red hospitalaria. Más de 23 mil personas que murieron en un lapso en el que todavía muchos centros públicos ameritaban urgentes rehabilitaciones que tardaban en llegar por mala planificación y retrasos de inversión y que todavía hoy arrojan resultados no satisfactorios a nivel nacional. La no disponibilidad de medicamentos y procedimientos se traduce en mortalidad en sectores marginados y de pocas prácticas preventivas que pueblan hospitales.